n documentos divulgados por el sitio Wikileaks y difundidos ayer –un día antes de que inicie su visita a México la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton–, se da cuenta de nuevos episodios de subordinación del gobierno de México al de Estados Unidos en aspectos relacionados con la seguridad pública y el control migratorio.
En el primero de esos documentos, fechado en febrero de 2010, se afirma que el gobierno de Felipe Calderón solicitó a la secretaria de Seguridad Interior estadunidense, Janet Napolitano, la participación del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés) para pacificar
Ciudad Juárez y responder a la presión pública de hacer algo por la localidad
. Es significativo y preocupante que el principal viso de sensatez ante tal petición haya debido venir de la funcionaria estadunidense: de acuerdo con el documento, Napolitano respondió que las autoridades de su país podrían ayudar a la identificación de objetivos, pero que México debe ir más allá de los despliegues militares y establecer una fuerza de policía en Ciudad Juárez capaz de vigilar todas las calles y viviendas
.
Independientemente de lo que Calderón haya tenido en mente al pedir la ayuda del EPIC para controlar la violencia en la ensangrentada urbe fronteriza, la solicitud confirma que desde el Poder Ejecutivo se propicia la injerencia de Estados Unidos y la supeditación a ese país en tareas de seguridad y de manejo de la fuerza pública, lo cual se hace a espaldas de la sociedad. Por lo demás, el contenido del cable referido da cuenta del empecinamiento de las autoridades nacionales en una estrategia a todas luces fallida: los despliegues policiales y militares ordenados en amplias regiones del territorio han demostrado no sólo ser inútiles, sino contraproducentes, y el caso de Ciudad Juárez es dolorosamente paradigmático al respecto; sin embargo, lejos de rectificar, el gobierno mexicano se muestra empeñado en profundizar dicha política, aunque ello implique el riesgo de vulnerar la soberanía nacional.
Si del documento referido se desprende que el gobierno mexicano no ve con malos ojos la operación de agentes estadunidenses en el país, en otro de los cables difundidos ayer por Wikileaks se pone en evidencia su papel como facilitador de esa medida: de acuerdo con un mensaje diplomático, personal de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) ha realizado interrogatorios a migrantes indocumentados detenidos en el país, con el apoyo del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, en respaldo a una inquietud de las autoridades estadunidenses de que el terrorismo internacional pudiera aprovechar la frontera con México para atacarlos.
Lo anterior es improcedente por partida triple: porque de nueva cuenta se evidencia una concesión inaceptable en materia de soberanía; porque México queda exhibido como un país que presta su territorio para actividades de hostigamiento practicadas por Washington contra ciudadanos de terceras naciones, y porque, con ello, el gobierno mexicano asume como causa propia, ante los ojos del mundo, la guerra contra el terrorismo
emprendida por el gobierno de Bush, y suscribe, así sea tácitamente, las obsesiones estadunidenses de seguridad nacional características del gobierno anterior del vecino país, pero que han persistido durante la actual presidencia y que son contrarias al derecho internacional, violatorias de las soberanías nacionales y de los derechos humanos.
A la luz de estos elementos de juicio, la sumisión del gobierno federal a Washington en lo que debieran ser tareas irrenunciables de cualquier Estado –como la seguridad pública y el control migratorio– confirma que, además de la ruptura de la legalidad y el estado de derecho en amplias franjas del territorio, un saldo principal de los cuatro años de la actual administración es, precisamente, una abdicación inaceptable de la soberanía nacional.
