as turbulencias oaxaqueñas cobran de nuevo interés nacional.
En casi la décima parte de los 570 municipios de Oaxaca las autoridades no pudieron tomar posesión de sus cargos el primero de enero –por los consabidos conflictos electorales, que se agravaron en los siguientes días.
Tales conflictos se presentan con regularidad en Oaxaca y fueron menos graves y numerosos de lo que se esperaba en la transición. No cabe generalizar, porque se trata de conflictos muy diversos y complejos, pero muchos encajan en este caso en una misma categoría: son las minas que la mafia política de Ulises Ruiz dejó programadas para que estallasen después de su salida, tanto para afectar al nuevo gobierno como para negociar acomodos.
El nombramiento de administradores produce inmenso descontento. Aunque esta vez se han limitado sus funciones para que hagan menos daño, la gente nunca los ha aceptado como sustitutos de sus autoridades legítimas y sus prejuicios contra ellos se profundizaron por la gestión desastrosa de los designados en los años recientes.
Al referirse a conflictos del Bajo Mixe, Adelfo Regino, conocido dirigente indígena, señaló: Los cuatro conflictos tienen las mismas características. Se llevaron a cabo asambleas, un grupo minoritario las impugnó, los tribunales las invalidaron, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados nombró administradores y los pueblos los desconocieron, porque ya tienen autoridades
. Lo que está ocurriendo, agregó, es síntoma de una dictadura judicial
. (Noticias, 8/1/2011).
Los órganos electorales invalidaron 47 elecciones
, un hecho sin precedente en Oaxaca. Ello se debe, en parte, a que son un chiquero, una porquería
, como dijo el presidente municipal de San Lucas Zoquiapam. Raúl Bolaños Cacho, diputado local y anterior presidente del Tribunal Superior de Justicia, consideró que la actuación de esos órganos era lamentable
y subrayó que era urgente terminar con la intromisión de los partidos políticos, tanto en la designación de los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral como de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral
. (Noticias, 7/1/2011). El gobernador, igualmente, creó un equipo para revisar caso por caso y proceder legalmente si se detecta dolo o mala fe en las invalidaciones.
Parece posible lograr arreglos eficaces de corto plazo. En Santiago Yaveo, por ejemplo, uno de los casos de mayor gravedad porque los pobladores retuvieron a los funcionarios que habían llegado a negociar, se demostraron las ventajas de una nueva actitud política. Se había hecho costumbre la represión autoritaria basada en una interpretación formalista de la ley: fue la principal forma de respuesta gubernamental en los 12 años recientes. Ahora se empleó un diálogo en que participaron tanto el Ejecutivo como el Legislativo, el cual transformó el conflicto y condujo a acuerdos que no sólo incluyeron la cuestión electoral –aunque los negociadores se fueron de boca en sus promesas de atención de agravios que ya empezaron a incumplir.
Sin embargo, la cuestión de fondo persiste y no hay arreglo a la vista. No se reduce a la evidente falta de sensibilidad de los órganos electorales. Surge del continuo atropello a la autonomía de los pueblos por parte de los tres poderes constituidos.
A pesar de sus insuficiencias, las reformas legales de 1995 y 1998 habían creado en Oaxaca la posibilidad política de intentar la coexistencia armónica de los diferentes en un régimen jurídicamente pluralista. Formuladas más allá de la Constitución de la República, sin violarla, y concebidas en el espíritu de los acuerdos de San Andrés, podrían haber sido un experimento valioso que demostrara la viabilidad de las exigencias de los zapatistas, planteadas en nombre de todos los pueblos indios y plasmadas en los acuerdos: lejos de desgarrar el país contribuían a su vitalidad y a su construcción pacífica y democrática.
No fue así. Tanto Murat como Ruiz ignoraron o combatieron abiertamente las reformas y violaron sistemáticamente la ley. Antes que el país, Oaxaca entró en un estado de excepción no declarado. Además de resistir, los pueblos empezaron a crear su propio estado de excepción –lo que en su caso significó reivindicar un auténtico estado de derecho, semejante al que los zapatistas han establecido en la zona bajo su control.
La cuestión no es local. Es preciso enfrentarla a escalas nacional y global. Pero la forma de hacerlo no ha de ser un ejercicio de ingeniería social, desde arriba, no sólo por la actitud dominante en gobiernos y partidos, sino por la naturaleza misma del asunto. Los poderes constituidos de Oaxaca podrían aprender de los pueblos y ejercer como ellos su soberanía para empezar a avanzar por el camino correcto.
