El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) descubrió una nueva forma de resistencia al cumplimiento de sus resoluciones, al ubicar un oficio donde el ex subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), José Ramiro Rubio, alertaba a la empresa Desarrollos Punta La Paz, sobre la forma en que podría ampararse contra una resolución de ese órgano garante de la transparencia.

“Es la primera ocasión en que se tiene constancia por escrito de un sujeto obligado (Profepa) que le informa a un tercero el sentido de una resolución del IFAI, para que ‘corra a ampararse’ antes de que transcurra el plazo de 10 días que marca la Ley Federal de Transparencia, para que los sujetos obligados entreguen la información que se les ordena”, advirtió la comisionada María Marván Laborde.

Las empresas, incluso sindicatos, pueden acudir a un juzgado y alegar ser terceros perjudicados con las resoluciones del Ifai, porque se revelarían datos personales o de carácter empresarial que son confidenciales.

Marván Laborde destacó que la conducta del ex funcionario –quien en enero de 2010 renunció a la Profepa para incorporarse a una trasnacional con filial en México, según declaró el propio Rubio–, debe de llamar la atención, por ser una forma de resistencia al cumplimiento de las resoluciones del organismo. Se trata de una estrategia más que no hay que pasar desapercibida.

Los comisionados se percataron de lo anterior, luego de que una ciudadana interpuso una queja ante el Ifai porque la Profepa reservó por tres años el oficio PFPA/4.1/8C.17.3/0271/2009, de fecha 17 de noviembre de 2009, donde Rubio daba la voz de alarma.

El oficio es en realidad una notificación suscrita por Rubio, donde informa a Desarrollos Punta La Paz el sentido del recurso 2397/10 del Ifai, del 9 de septiembre de 2009, donde se ordena a la Profepa la entrega de todas las actas de inspección que se levantaron a la empresa de 2004 a mayo de 2009.

Desarrollos Punta La Paz obtuvo una concesión en 2006 para usar y aprovechar bienes de dominio público de la nación, consistentes en una zona marítima para la construcción y operación de una marina de uso particular en la península del Mogote, frente a la bahía de La Paz, municipio del mismo nombre en Baja California. La concesión la otorgó el Ejecutivo federal por conducto del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber.

En el recurso 7004/10, la comisionada ponente Jacqueline Peschard indica que la Profepa no probó los serios perjuicios que causaría difundir el oficio referido, por lo cual revoca la reserva y ordena la entrega. También revoca la clasificación como confidencial del nombre y domicilio de la empresa, así como el nombre de su representante, contenidos en el oficio citado.

Los comisionados del IFAI advirtieron en la pasada sesión donde se debatió el caso, que ese tipo de estrategias a las que acuden las dependencias federales obstaculizan el derecho de acceso a la información y evidencian la resistencia a cumplir el principio de máxima publicidad que dicta la Constitución.