El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, rechazó que los contratos incentivados representen un intento de privatización de la petrolera mexicana. Lo único que se busca, dijo, es darle más valor a la empresa. Una cosa es darle más valor y otra cosa es venderla, no tiene nada que ver, afirmó.

En respuesta a una pregunta sobre el estudio encargado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde esta institución sugiere la privatización de Pemex, el director de la paraestatal respondió con un contundente no: No. Una cosa es (aplicar) mejores prácticas de gobierno corporativo y otra cosa es privatizar. Una cosa es darle más valor a nuestra empresa y otra cosa es venderla, dijo.

Paralelamente, los contratos integrales de exploración y producción recibieron un amplio respaldo del empresariado mexicano. El presidente del poderoso Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Mario Sánchez Ruiz, afirmó que con ese mecanismo se permite flexibilizar el esquema de contrataciones y harán posible un aumento en inversiones y transferencia tecnológica, así como de costos y aumento de recursos públicos.

Suárez Coppel hizo breves declaraciones a la prensa después de la firma de diversos acuerdos interinstitucionales para la revisión de las estrategias, sistemas y procesos de contratación pública de bienes, servicios y obra pública entre Pemex, CFE y la OCDE.

El director de Pemex, Juan José Suárez CoppelFoto Víctor Camacho

Dijo sentirse contento pues la presentación de los contratos incentivados contó con la asistencia de representantes de 120 empresas interesadas en participar en el concurso. Ahora vamos a hacer un evento similar en Houston, Calgary y Buenos Aires. Hay un buen nivel de aceptación, esta es la primera ronda pero vamos a tener varias y creo que los resultados los vamos a empezar a ver a partir de uno o dos años, expresó. Lo que estamos haciendo es para darle valor a Pemex y para que la empresa le cree más valor a los mexicanos, afirmó.

Por su parte, el presidente del CCE, Mario Sánchez Ruiz, afirmó que con los contratos incentivados se permite flexibilizar el esquema de contrataciones y se hará posible un aumento en inversiones y transferencia tecnológica, así como de costos e incremento de recursos públicos.

La ecuación es relativamente simple: cuanto mayor sea el rendimiento que obtenga el Estado por la producción y venta de energéticos, mayor será su capacidad de generar beneficios públicos para la población, dijo.

Esos contratos, agregó, son producto de la reforma legal de 2008, pero son también transformaciones en las que sin duda se deben profundizar; es necesario aprovechar al máximo el nuevo marco legal al tiempo de trabajar en otros temas como la autonomía de gestión, transparencia y rendición de cuentas, capacidad de operación y uso de recursos tecnológicos.