San Cristóbal de las Casas, Chis., 17 de marzo. Organizaciones y representantes comunitarios de derechos humanos que participaron en el encuentro Con la memoria los pueblos construimos justicia y verdad demandaron hoy alto a la guerra y la violencia generalizada que mantiene Felipe Calderón Hinojosa.

Asimismo, rechazaron la imposición de proyectos y programas que despojan el territorio de los pueblos de México y ponen en peligro la integridad del país.

Coincidieron en que el sistema de justicia intimidatorio y corrupto funciona para que no podamos seguir adelante en el ejercicio de las garantías y su protección, y pone sus vidas en riesgo. La impartición de justicia obedece a intereses económicos y políticos del poder.

Ante las agresiones, amenazas y persecuciones que enfrentan actualmente en el desempeño de sus labores (y procedentes de Chiapas, Chihuahua, estado de México, Guerrero, Coahuila, Colima y Morelos), responsables comunitarios de pueblos indígenas, abogados y activistas exigieron cese al hostigamiento contra defensoras y defensores, garantías para realizar su trabajo y atención a las demandas de justicia y verdad para los que se movilizan en la defensa de sus derechos”, así como libertad a todas las presas y presos políticos del país.

En sus conclusiones destacan que las acciones de resistencia y construcción de autonomía que hoy están presentes en nuestros pueblos son producto de la memoria. Los proyectos oficiales de desarrollo no tienen que ver con nuestras necesidades; vienen a contaminar y llenar de tiendas comerciales, buscan nuestras aguas y tierras, acabar las montañas para buscar oro y plata sin respetar la tierra que nuestros abuelos nos dejaron a fuerza de la Revolución y la Independencia. Quieren que negociemos nuestros sueños.

Ofreciendo el sueño de una vida mejor, nos quieren desplazar, dividir y enfrentar entre hermanos. La actuación del gobierno siempre es la misma: primero reprime y después ofrece dialogo para acabar con el problema que provocó. Pero ejercer la autonomía y libre determinación de los pueblos no se negocia.

Declararon que las comunidades de Chiapas y México que han vivido la violencia contrainsurgente y la represión contra la sociedad civil organizada, recordamos muy bien cómo han sufrido nuestras abuelas y abuelos, padres, hermanas y hermanos. La memoria –añadieron– “nos trae al presente a las personas desaparecidas, asesinadas, encarceladas, exiliadas: no olvidamos que existen una guerra sucia, el terrorismo de Estado y la guerra contrainsurgente; tampoco olvidamos a los responsables, aún en impunidad”.

Señalaron que los empresarios disputan nuestras tierras, ríos y manantiales; también quieren controlar el aire. Proyectos mineros, construcción de carreteras privadas, represas y centros ecoturísticos, plantación de monocultivos, construcción de fábricas y ocupación policiaca y militar son el proyecto del gobierno que busca despojarnos mediante dinero, engaño, división, alcoholismo, discriminación hacia las mujeres, persecución y encarcelamiento de luchadores sociales, fabricación de delitos, programas de gobierno, abuso del poder y de la ley.

Se manifestaron conscientes de que la lucha por los derechos humanos nos lleva a cambiar de raíz las cosas, y que el neoliberalismo busca destruir las raíces de nuestros pueblos, nuestra historia, nuestra madre tierra, perder la identidad, despojar nuestros lugares sagrados.

La desinformación, la manipulación y la división son retos que tenemos enfrente. Las garantías fundamentales sólo se hacen respetar en la lucha; aunque estén en leyes, tratados y convenios, si no los ejercemos nadie los va a respetar.

Los proyectos asistenciales son usados como herramientas de la contrainsurgencia, para dividir a los pueblos y acallar las voces que exigen sus derechos. Sostuvieron: Aquí no hay ley, no hay justicia, no hay democracia. No las que los pueblos queremos y exigimos. Y ante la violencia generalizada que el Estado impone, propusieron generar movimientos por la paz y contra la guerra.