n el contexto de su comparecencia en la Cámara de Diputados, el titular de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Mota, ponderó los problemas de competencia en los mercados de telecomunicaciones en el país, dijo que la actual coyuntura representa una oportunidad histórica para resolver estos problemas en beneficio de los consumidores y se pronunció por elaborar una nueva ley federal del ramo, que otorgue mejores instrumentos de regulación a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). De su lado, el titular de este último organismo, Mony de Swaan, afirmó que México tiene una de las concentraciones más altas de mercados de telecomunicaciones en el mundo y, al ser cuestionado sobre la aplicación de prácticas monopólicas por las principales empresas del sector, dijo que nadie se salva.

Los señalamientos de los funcionarios tienen como telón de fondo la confrontación actual entre los principales empresas de telecomunicaciones en el país: el duopolio televisivo que integran las empresas de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, por un lado, y las compañías propiedad de Carlos Slim, por el otro. Un saldo colateral de ese episodio ha sido, en efecto, la exhibición del elevado nivel de concentración que prevalece en ese sector en nuestro país, lo cual es incompatible con los principios más elementales de la libre competencia: mientras Televisa y Tv Azteca ejercen un control casi hegemónico en la televisión abierta y restringida, Telmex y Telcel predominan en la telefonía fija y móvil, si bien en condiciones más competidas y abiertas que las que gozan las televisoras de Chapultepec y del Ajusco.

En tal contexto, resulta difícil no estar de acuerdo con los planteamientos de los titulares de los órganos reguladores y el gobierno federal sobre la necesidad de combatir los monopolios, y con los reclamos de las empresas telefónicas y televisivas por la ausencia de condiciones propicias para la competencia real en todas las ramas de las telecomunicaciones. Todos esos señalamientos, en conjunto, serían atendibles y hasta plausibles, salvo por una consideración elemental: la existencia de un doble discurso por parte de los propios consorcios del sector –que demandan mayor competencia, pero se resisten a que la haya en sus respectivos ámbitos de dominio– y de las autoridades, que reivindican la imparcialidad y transparencia y actúan, al mismo tiempo, con favoritismo y desaseo en el otorgamiento de concesiones sobre bandas del espectro de radiofrecuencias –un bien público que es extensión del territorio nacional–, como quedó de manifiesto con la llamada licitación 21.

Así fuera por elemental congruencia con la lógica del modelo económico impuesto en el país hace más de dos décadas, las autoridades del ramo tendrían que implementar las medidas necesarias que no sólo permitan resolver –en forma satisfactoria para los involucrados, pero sobre todo para la sociedad– el diferendo actual entre empresas televisivas y telefónicas, sino impulsen el ingreso de nuevos competidores al mercado de las telecomunicaciones. Si éste no ha sido abierto a la competencia y si sigue controlado por expresiones monopólicas –duopolios o empresas dominantes–, ello sólo puede explicarse debido a la falta de voluntad política gubernamental derivada, a su vez, de la debilidad del Ejecutivo federal ante poderes fácticos que distorsionaron el proceso electoral de 2006 y que se sumaron, de manera tan abierta como indebida, a las candidaturas oficialistas. Si no es por esas razones, no las hay para persistir en regulaciones y actos administrativos que favorecen la perpetuación de prácticas monopolistas en el sector.