El director de investigación del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional (AI), el mexicano Javier Zúñiga, advirtió hoy que el país podría vivir una situación similar en materia de violación a los derechos humanos a lo que ocurrió en las dictaduras militares del cono sur en las décadas de los 70 y 80, sobre todo por la presunta responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas. El prestigioso defensor también declaró que el país está al borde de experimentar una represión sistematizada, con especial gravedad en los hechos probados por desaparecidos a manos de militares.

El mexicano Javier Zúñiga ha investigado y documentado las violaciones a los derechos humanos en el mundo por más de 30 años, en este caso para Amnistía Internacional (AI). En ese periodo ha vivido de primera mano las experiencias dramáticas de las guerras civiles de Centroamérica, Colombia y varios países del llamado cuerno de África.

También ha sido un observador de México, con los históricos problemas de impunidad, corrupción y abusos de las autoridades desde la masacre de la plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968.

Medio siglo de Amnistía Internacional

Zúñiga participa en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial, en el que se analizan los 50 años de vida de AI, titulado El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo.

En el contexto de su conferencia 1961-2011. 50 años de Amnistía Internacional, Zúñiga expuso una cruda situación general en el mundo, en el que prevalecen una serie de prácticas recurrentes a pesar de los avances en materia de defensa de los derechos humanos, convertido hoy día en un principio incuestionable.

Javier Zúñiga se mostró especialmente preocupado por un reto de cara al futuro: luchar contra la desaparición forzada de personas en América Latina, sobre todo en México, donde existe la tentativa de los gobiernos de cometer el crimen perfecto, pues la mayoría de los casos quedan impunes y ni siquiera se abren diligencias.

De hecho, el investigador de AI citó varios casos concretos ocurrido en el país en los que las fuerzas armadas fueron las presuntas autoras de uno de los crímenes considerados de lesa humanidad por la jurisdicción internacional. Como lo que se documentó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde al parecer, y esto es muy grave, ha habido una política que no necesariamente está sancionada a los más altos niveles y que consiste en atacar al crimen organizado mediante la eliminación física de los sospechosos, lo que pondría a México en peligrosa igualdad con lo que sucedió en los países del cono sur en los años 80.

El relator del prestigioso organismo reconoció que en una situación de enfrentamiento y encono como la que vive México, la sociedad es susceptible de tolerar esas eliminaciones selectivas de los supuestos criminales, pero advirtió que esta actitud costó miles y miles de vidas y años de oscuridad en materia de derechos humanos en el cono sur.

En México existe el peligro de que haya esa reacción de la población en demanda de seguridad y que, paradójicamente, esté en favor de la inseguridad creada por el Ejército, lo que “nos puede llevar en una espiral descendente a un escenario muy preocupante.

Hay fotografías, pruebas, que ponen en evidencia la llegada de personas desaparecidas a bases militares, al menos en Nuevo Laredo, explicó Zúñiga, quien reclamó de nuevo al gobierno de Felipe Calderón, como ya hizo hace apenas dos meses en una entrevista con La Jornada, que aplique políticas públicas de lucha efectiva contra este tipo de delitos. Las macropolíticas sobre derechos humanos son efectivas, pero no hay que olvidar que son los individuos los que sufren, a los que hay que prestar atención, y la lucha por sus derechos es una batalla que se libra todos los días, añadió.

En este encuentro participan otros ponentes, como Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional y de dicho seminario; José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Audiencia Nacional de Madrid, o los profesores Hernando Valencia y María Cristina Corredor, también expertos en defensa de los derechos humanos.