Un año y cuatro meses después de que nueve organizaciones no gubernamentales (ONG) canadienses interpusieron una demanda por el delito de sobornos contra la empresa Blackfire ante la Policía Real Montada de Canadá (RCMP), ésta ejecutó una orden contra la corporación. Esto refleja la lentitud de ese gobierno, que continúa solapando a las empresas que violan leyes allende sus fronteras, indicó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

Aunque las ONG de ese país han impulsado iniciativas legales para establecer un marco de derechos y normas ambientales para la operación de las empresas extractivas en naciones en desarrollo, no han tenido éxito.

El caso más reciente ocurrió en octubre de 2010, cuando la iniciativa legislativa C-300, titulada Ley de Responsabilidad de las Corporaciones de Minería, de Petróleo y de Gas en los países en desarrollo, fue rechazada por escaso margen en la Cámara de los Comunes, con 140 votos en contra y 134 en favor.

Las agrupaciones indicaron, en una carta enviada a las comunidades afectadas por las actividades mineras de Canadá, que si el proyecto hubiera sido aprobado habría “aportado a las comunidades de todo el mundo un mecanismo de quejas.

El gobierno federal habría tenido la responsabilidad de investigar las denuncias contra las compañías extractivas canadienses. Si se encontrara a una empresa incumpliendo las normas, el proyecto de ley permitiría al gobierno canadiense retirarle el apoyo financiero (por ejemplo, del Fondo de Desarrollo de las Exportaciones de Canadá) y el respaldo político (por ejemplo, el de la embajada canadiense en el lugar).

La demanda presentada en Calgary, Canadá, por Sierra Club, Fronteras Comunes y Mining Watch, entre otras ONG, contra Blackfire Exploration fue por la presunción del delito de sobornos de esta empresa y sus directivos hacia Julio César Velázquez Calderón, quien fue alcalde del municipio de Chicomuselo, Chiapas.

Apenas el pasado 20 de julio cuando la policía canadiense determinó dar seguimiento a este conflicto bañado de irregularidades, ilegalidades y acciones coludidas entre la empresa minera canadiense, el gobierno federal mexicano y sus autoridades ambientales, así como la administración estatal de Chiapas y la municipal. El Problema resultó con el asesinato de líder opositor Mariano Abarca, el 27 de noviembre de 2009, señala Rema.

La organización indica que la lentitud con la que actuó el gobierno de ese país explica por qué la mayoría de las empresas mineras en el mundo tienen origen en Canadá o están registradas en ese país: por ser paraíso de la impunidad para las corporaciones.

Detalla que desde que Canadá aprobó en 1998 la Ley de Funcionarios Públicos Extranjeros en torno a la corrupción, sólo dos pequeños casos han sido atendidos. En 2005 una pequeña multa contra una empresa de Alberta y otro caso en la India.

Menciona: es clara no sólo la cultura de corrupción y mal manejo del ex alcalde de Chicomuselo, sino también los sobornos a las autoridades municipales; es la práctica común de las trasnacionales mineras, ya que el municipio es el que debe autorizar cambios de uso de suelo y otros aspectos necesarios para las mineras, pero también para el control territorial y la seguridad de las inversiones mineras.

También refiere que el alcalde de Chicomuselo, Límbano Miguel López, en funciones desde principios de este año, denunció que ex funcionarios y síndicos no habían entregado las cuentas públicas del municipio y además dejaron descompuesto el equipo de cómputo de la tesorería, por lo que no se encontró ningún expediente técnico de obra pública, ni expedientes unitarios de comprobación del ejercicio fiscal 2010.