La Cámara de Diputados, por medio de su Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, definió que a pesar del aumento de recursos a seguridad pública desde el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006), los resultados no son claros ni evidentes en una disminución de los delitos y la violencia.

El coeficiente de efectividad, medido en delitos de los fueros común y federal denunciados y sancionados respecto del dinero entregado a las secretarías de Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Seguridad Pública federal (SSP), Gobernación (SG) y a la Procuraduría General de la República (PGR) es de sólo 0.9 por ciento, indicó el centro en un análisis del proyecto de paquete económico 2012.

La conclusión del citado centro de estudios es que aun cuando para 2012 el presidente Felipe Calderón Hinojosa solicitó 22 mil 783 millones de pesos más que en 2011 –12.4 por ciento adicional– para las instituciones encargadas de combatir el delito, ello no mejorará la seguridad de los mexicanos.

Para este año los diputados autorizaron 139 mil 337 millones de pesos en presupuesto para la seguridad, y Calderón solicitó 161 mil 120 millones.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas indicó que ese gasto se orientará al combate de la inseguridad y el crimen organizado, a la prevención del delito, a la coordinación intergubernamental y en consolidar la Estrategia Nacional de Seguridad, pero acota que para el cumplimiento de esos objetivos se utilizará principalmente a la Defensa Nacional y a la Marina, ante el desafío abierto de bandas criminales.

Al revisar la propuesta de presupuesto para la Sedena, explicó que el aumento solicitado por el presidente Calderón es de 5 mil 571.5 millones de pesos, equivalentes a 7.4 por ciento respecto de 2011.

Explicó que sólo dos programas concentran 87.6 por ciento del gasto de la Secretaría de la Defensa Nacional para el próximo año: Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana, con mil 802.1 millones de pesos, y Defensa de la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional, con 3 mil 81.9 millones.

De acuerdo con el centro de estudios de la Cámara de Diputados, el próximo año se dará especial relevancia a las operaciones que la Fuerza Aérea realiza en la vigilancia del territorio nacional en tierra, aire y anfibias, con el fin de mantener una presencia que disuada posibles intenciones de desestabilizar la paz social en el país.

Mientras, con el segundo programa, señala, se pretende garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en caso de desastre, mediante la participación del Ejército y Fuerza Aérea en el combate al tráfico de drogas y preservar la seguridad de instalaciones estratégicas y la aplicación oportuna del Plan DN-III-E.

Resaltó que los aumentos en la Armada también tienen por único fin reforzar los operativos que actualmente se aplican contra la delincuencia organizada.

De los mil 406.5 millones de pesos que se pidieron de aumento para la Marina (contaría en total con 19 mil 676 millones), 888.7 millones de pesos se destinarían al programa Empleo del poder naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales, con el que –recuerda– se ha intervenido en la protección y vigilancia de los estados con fuertes problemas de inseguridad, así como en la captura de bandas criminales.

En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública federal, el centro de estudios de San Lázaro identificó que los programas Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito, y el denominado Administración del sistema federal penitenciario concentran el aumento de 5 mil 17 millones de pesos solicitado por el gobierno federal para 2012.

En contraste, se recorta el gasto para prevención del delito, infraestructura gubernamental en seguridad y también en Plataforma México.

“Se pretende continuar asignando mayores recursos para operativos en zonas de alta incidencia delictiva, con 19 mil 979.2 millones de pesos, 49.3 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública. Este programa corresponde a una policía reactiva, que contrasta con el propósito de consolidar una policía proactiva, científica y profesional”, concluyó.