Grupos de derechos humanos critican la acción; hay 23 detenidos
viajeros irlandesestras 10 años de batalla legal
viajeros irlandesesde Reino Unido, en lo que marcó el final de una de las disputas urbanísticas más polémicas en los últimos añosFoto Ap
Jueves 20 de octubre de 2011, p. 25
Londres, 19 de octubre. La policía británica desalojó hoy de forma violenta el mayor campamento ilegal de la comunidad llamada viajeros irlandeses
de Reino Unido, situado en Basilon, condado de Essex, a 40 kilómetros de esta capital, con saldo de 23 detenidos.
Agentes derribaron las vallas en la parte trasera de la granja Dale, mientras en la entrada caían muros de ladrillos y las excavadoras esperaban detrás. Con estas acciones se puso fin a una batalla legal que se prolongó 10 años.
El grupo se asentó en 2001 en las afueras de Basildon, 48 kilómetros al este de Londres, al comprar algunos terrenos. Sin embargo, sus caravanas y bungalows están instalados en una zona verde donde no está permitido construir. Desde entonces, el ayuntamiento intentaba sacarlos del lugar. Hay reportes de que los viajeros irlandeses
aseguran que compraron los terrenos en la década de los 70.
El desalojo de alrededor de 400 personas –parte de una población itinerante conocida como viajeros
en Reino Unido e Irlanda– marcó el punto culminante de una de las disputas urbanísticas más polémicas y amargas de los últimos años.
Las autoridades indicaron que las conversaciones para lograr una resolución pacífica estaban agotadas y que los habitantes y sus simpatizantes no tenían intenciones de cooperar.
Los uniformados utilizaron pistolas taser –que emiten descargas eléctricas– contra un manifestante y hubo 23 detenidos. Los paramédicos trataron a seis personas y una mujer fue hospitalizada.
El operativo recibió fuertes críticas de grupos de derechos humanos.
Los residentes habían obtenido una tregua el mes pasado cuando el Tribunal Superior emitió un mandato que impedía a las autoridades desalojar el terreno, pero la batalla terminó la semana pasada cuando perdieron la última sesión legal del caso.
Los viajeros
sostienen que el desalojo viola sus derechos y es un ataque contra un grupo vulnerable cuyo estilo de vida no encaja con lo que se considera normal
.