ucesos recientes marcan una trayectoria amenazadora, en forma suficientemente clara, que quizá valga la pena ver hacia el futuro unas cuantas generaciones, hasta el aniversario milenario de uno de los grandes hitos en el establecimiento de los derechos civiles y humanos: la creación de la Carta Magna, la cédula de las libertades inglesas que le fue impuesta al rey Juan en 1215.

Lo que hagamos ahora mismo o dejemos de hacer determinará qué tipo de mundo recibirá al aniversario. No es una perspectiva atractiva –en buena parte porque la Carta Magna está siendo desgarrada frente a nuestros ojos.

La primera edición académica de la Carta Magna fue publicada en 1759 por el jurista William Blackstone, cuya obra fue una de las fuentes de la legislación constitucional de Estados Unidos. Fue intitulada The great charter and the charter of the forest, siguiendo las prácticas previas. Ambas cartas son altamente significativas hoy día.

La primera, la Carta de las Libertades, es generalmente reconocida como la piedra toral de los derechos fundamentales de los pueblos de habla inglesa –o como expresó Winston Churchill, en forma más amplia, la carta de cualquier hombre que se respete así mismo en cualquier tiempo y cualquier tierra.

En 1679 la carta se vio enriquecida por la ley de habeas corpus, oficialmente llamada una ley para mejor aseguramiento de la libertad del sujeto y para prevenir el encarcelamiento allende los mares. La versión moderna, más severa, es llamada rendición –encarcelamiento con fines de tortura.

Junto con buena parte de la legislación inglesa, la ley fue incorporada a la Constitución de Estados Unidos, la cual afirma que el auto de habeas corpus no será suspendido salvo en caso de rebelión o invasión. En 1961, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que los derechos garantizados por esta ley fueron considerados por los fundadores como la más importante salvaguarda de la libertad.

Más específicamente, la Constitución garantiza que ninguna persona (será) privada de vida, libertad o propiedad sin el proceso debido de la ley (y) un juicio rápido y público por sus pares.

El Departamento de Justicia explicó recientemente que esas garantías han quedado satisfechas por deliberaciones internas en la rama ejecutiva, como informaron Jo Becker y Scott Shane a The New York Times el 20 de mayo. Barack Obama, el abogado constitucional de la Casa Blanca, estuvo de acuerdo. El rey Juan hubiera asentido con satisfacción.

El principio subyacente de presunción de inocencia también ha recibido una interpretación original. En el cálculo de la lista de ejecución de terroristas del presidente todo varón en edad militar en una zona de ataque es contado, de hecho, como combatiente, a menos que haya conocimiento póstumo que pruebe su inocencia, explicaron Becker y Shane. Esta determinación de inocencia posterior al asesinato es suficiente, actualmente, para mantener este principio sagrado.

Esto es sólo una muestra del desmantelamiento de la carta de todo hombre que se respete a sí mismo.

La Carta del Bosque que la acompaña es quizá incluso más pertinente hoy día. Demandaba protección del pueblo bajo o vulgo por el poder externo. Ese vulgo era la fuente de mantenimiento para la población en general –su combustible, sus alimentos, sus materiales de construcción. El Bosque no era la tierra llana. Era tierra cuidadosamente nutrida, mantenida en común, con riquezas disponibles para todos, preservada para generaciones futuras. Para el siglo XVII, la Carta del Bosque había caído víctima de la economía de materias primas, de la práctica del capitalismo y de la moralidad. Ya no protegida por cooperativas y por su uso, los comunes estaban restringidos a lo que no podía ser privatizado –una categoría que sigue reduciéndose ante nuestros ojos. El mes pasado, el Banco Mundial decretó que la multinacional minera Pacific Rim puede proceder en su caso contra El Salvador por tratar de preservar tierras y materias primas y comunidades contra la altamente destructiva minería de oro. La protección ambiental privaría a la compañía de ganancias futuras, un crimen según las reglas del régimen de derechos de inversionistas mal llamado libre comercio.

Éste es sólo un ejemplo de las luchas que se libran hoy en buena parte del mundo, algunas con violencia extrema, como en Congo, rico en recursos, donde millones de seres humanos han sido asesinados en años recientes para asegurar una reserva amplia de minerales para teléfonos celulares y otros usos, y, por supuesto, amplias utilidades.

El desmantelamiento de la Carta del Bosque trajo consigo una revisión radical de cómo los comunes son concebidos, capturada en 1968 por la influyente tesis de Garret Hardin, que asegura la libertad en los comunes nos causa ruina a todos, la famosa tragedia de los comunes. Lo que no es de propiedad privada será destruido por la avaricia individualista. La doctrina no carece de ser desafío. Elinor Olstrom ganó el Premio Nobel Memorial en Ciencias Económicas en 2009 por su trabajo para mostrar la superioridad de los comunes administrados por sus usuarios.

Pero la doctrina tiene fuerza si nosotros aceptamos el principio implícito de que los seres humanos están ciegamente impulsados por lo que los trabajadores estadunidenses, en la aurora de la revolución industrial, llamaron el nuevo espíritu de la era, obtener riqueza olvidándose de todo menos de uno mismo –doctrina que ellos condenaron amargamente como destructiva, ataque contra la naturaleza misma del pueblo.

Enormes esfuerzos se han dedicado desde entonces a inculcar el nuevo espíritu de la era. Grandes industrias dedicadas a lo que el economista político Thorstein Veblem llamó fabricar deseos –dirigir a la gente a las cosas superficiales de la vida, como el consumismo de modas” en las palabras de Paul Nystrom, profesor de mercadotecnia de la Universidad de Columbia.

De esa forma la gente puede ser atomizada, dedicada sólo a la búsqueda de ganancia personal y alejada de esfuerzos peligrosos, como pensar por su cuenta, unidos y desafiar a la autoridad.

Es innecesario pensar en los peligros extremos planteados por un elemento central de la destrucción de los comunes: la dependencia de combustibles fósiles, que plantea un desastre global. Se puede debatir acerca de los detalles, pero hay escasas dudas serias de que los problemas son demasiado reales y que en la medida que posterguemos su solución más terrible será el legado que dejemos a las próximas generaciones. La reciente conferencia de Río+20 es el esfuerzo más reciente. Sus aspiraciones eran pequeñas y su resultado irrisorio.

A la cabeza en enfrentarse a esta crisis, a lo largo del mundo, se encuentran las comunidades indígenas. La posición más firme ha sido tomada por el país que ellos gobiernan, Bolivia, el país más pobre en Sudamérica y, durante siglos, víctima de la destrucción de sus ricos recursos por occidente.

Después del ignominioso colapso de la cumbre de cambio climático global en Copenhague, en 2000, Bolivia organizó una cumbre de pueblos con 35 mil participantes de 140 países. La cumbre hizo un llamado para la severa reducción de emisiones y una Declaración de Derechos de la Madre Tierra. Ésa es una demanda clave de las comunidades indígenas de todo el mundo.

La demanda es ridiculizada por los occidentales sofisticados, pero a menos que podamos adquirir algo de la sensibilidad de las comunidades indígenas es muy probable que ellos rían al último –una risa de amarga desesperación.