La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) podría tardar más de tres meses en resolver las averiguaciones previas relacionadas con el caso de las tarjetas de Soriana, presuntamente utilizadas para comprar sufragios, revelaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

Lo más complicado –dijeron– será identificar a los operadores partidistas que hayan promovido la compra y coacción del voto, y que se acredite que los ciudadanos fueron obligados a sufragar por un candidato en particular.

El Ministerio Público Federal ha iniciado al menos cuatro indagatorias por la distribución de dichas tarjetas, a partir de la entrega de cientos de plásticos que fueron puestos a disposición de la Fepade por el Instituto Federal Electoral (IFE) y representantes de los partidos políticos.

La fiscalía ha sido informada de la existencia de al menos 2 mil tarjetas de consumo. Sin embargo, no en todos los casos se le han entregado los materiales ni ha obtenido información relacionada con la identidad de los encargados de la distribución del material y de la compra del sufragio.

La situación –indicaron las fuentes consultadas– ha derivado en la búsqueda de información que lleve a la identificación de los supuestos promotores del voto que hicieron la distribución para que den testimonios que fortalezcan la acreditación del delito; de lo contrario, cualquier imputación podría ser desechada por los jueces.

El Ministerio Público no tiene tiempos establecidos para resolver las averiguaciones previas, y aunque casos como el de las tarjetas de Soriana son considerados relevantes y de pronta resolución por la fiscal Imelda Calvillo Tello, el próximo 6 de septiembre es la fecha límite para que el Poder Judicial de la Federación resuelva todas las impugnaciones presentadas por irregularidades ocurridas en los comicios.

La Fepade informó que agentes del Ministerio Público Federal decomisaron 99 despensas con productos de la canasta básica en bolsas de plástico, así como cajas de cartón y bolsas vacías de plástico transparente, al dar cumplimiento a una orden de cateo expedida por el juez segundo penal federal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones.

Lo anterior, luego de una denuncia sobre una bodega donde se almacenaban despensas que sirvieron para coaccionar el voto de electores en los comicios del pasado primero de julio. El domicilio fue ubicado en el Barrio de San Miguel, municipio de Tenango del Aire, en el estado de México.