La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de informar de dónde salió el dinero y a quién se le entregó para la emisión de tarjetas Monex y Soriana, esta última administrada por Banamex, de las cuales se tiene que contar con un registro con los nombres y domicilios de los usuarios, afirmó Marcos Fuentes Franco, coordinador del Centro de Estudios del Sector Bancario.

De acuerdo con las políticas de supervisión de procesos preventivos de lavado de dinero, dijo, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le corresponde supervisar los reportes de clientes y usuarios del sistema financiero, para lo cual cuenta con una Unidad de Inteligencia Financiera que tiene la obligación por ley de detectar operaciones y negocios sospechosos, así como la identificación de personas, actividades, origen y destino de los recursos potencialmente ilícitos.

Especializada en divisas, Monex es la mayor operadora de cambio de moneda que existe en el país, con más oficinas en el mundo que cualquier banco, y tiene que haber reportado las operaciones inusuales y los nombres de quienes las realizaron, pues de otra manera se habrían violado las disposiciones legales sobre lavado de dinero.

Más aun, por ley las instituciones de crédito tienen la obligación de reportar a la CNBV las operaciones sospechosas de lavado de dinero, como es el caso de las tarjetas Monex y de Soriana, administrada por Banamex.

Fuentes Franco precisó que la Secretaría de Hacienda debe contar de inmediato con esta información, porque de lo contrario las instituciones financieras estarían actuando fuera de la ley, y los bancos son beneficiarios de una concesión y tienen la obligación de reportar a las autoridades los movimientos inusuales, a la vez de contar con un banco de datos con información de los usuarios de todo tipo de tarjetas que constituyan un medio de pago. También tienen la obligación de reportar movimientos de ingresos para aplicar el impuesto sobre depósitos en efectivo.

Incluso, para la expedición de sus tarjetas, Soriana requiere de los domicilios y de una identificación oficial de los solicitantes, según informa en su página web, pues estos plásticos son parte de un programa por medio del cual se obtienen puntos, dinero electrónico u otro beneficio como resultado de las compras realizadas en sus establecimientos.

Por lo mismo, es obligación de la CNBV investigar de inmediato, porque así lo establece la ley, lo que parece blanqueo de dinero, porque no hay información del origen y destino de los recursos involucrados.