A pesar de las evidencias de los graves daños ecológicos y sociales que causan las presas hidroeléctricas y megaproyectos similares, el gobierno mexicano sigue impulsándolos sin consultar a los pueblos afectados, e incluso recurre a las amenazas y la represión para imponerlos, en beneficio de intereses privados.

Así lo advirtió Mónica Montalvo, integrante del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), quien el lunes y el martes pasados participó en las preaudiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos en la comunidad de Temacapulín, Jalisco.

Los resultados de dichos foros —que se presentarán hoy en conferencia de prensa en Guadalajara y el viernes se entregarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación– incluirán una evaluación completa de los estragos de este modelo de desarrollo depredador y violatorio de los derechos humanos, explicó la activista.

Algunos casos abordados en las audiencias fueron los de las presas Cerro de Oro –construida hace 35 años y que provocó el desplazamiento de más de 10 mil indígenas–; La Yesca, recién inaugurada por el presidente Felipe Calderón, y El Cajón.

Queremos evidenciar que esta política viola los derechos de las comunidades y está basada en la intimidación y las amenazas, argumentando una supuesta utilidad pública, cuando un estudio del año 2000 de la Comisión Mundial de Presas ya demostró que éstas no son la mejor solución para abastecer de agua a las ciudades o generar energía eléctrica, subrayó Montalvo.

Estos megaproyectos, dijo, no obedecen a las necesidades de la gente, sino de las grandes trasnacionales que privatizan de facto los recursos naturales de los pueblos, produciendo electricidad de manera excesiva y devastando el ambiente.

Las presas generan pérdida de tierras y de trabajos, inseguridad alimentaria, aumento de la mortalidad y desarticulación social. En todo el mundo hay entre 40 y 80 millones de desplazados por ellas, más de la mitad de los peces de agua dulce desaparecidos y más de la mitad de los ríos represados. Seguir promoviendo este modelo es un crimen. Por eso queremos ponerlo en evidencia y demostrar que está ligado a otros sistemas de producción rapaces, como la minería a cielo abierto, puntualizó.