Las investigaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) realizó a solicitud del gobierno de Nicaragua en torno a 18 mexicanos detenidos en ese país, con seis camionetas de la empresa Televisa y en posesión de 9.2 millones de dólares, han concluido que ninguno de los aprehendidos era empleado de la empresa televisiva ni las unidades formaron parte de su parque vehicular.

En una breve entrevista, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, reveló detalles de la respuesta que dio el gobierno mexicano a la asistencia jurídica solicitada por la Fiscalía General de Nicaragua, señalando que ya fueron enviados a esa autoridad documentos públicos y privados y resultados de diligencias realizadas para el esclarecimiento de los hechos.

El funcionario explicó que, de acuerdo con las documentales obtenidas, Raquel Alatorre –identificada como la jefa del grupo delictivo– fue quien adquirió los seis vehículos, que estaban equipados para realizar transmisiones vía satélite y con logotipos de la empresa Televisa. También dijo que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, los mexicanos detenidos en Nicaragua no eran empleados de dicha empresa.

La dependencia puntualizó que continúa recabando información y documentación que en su oportunidad serán proporcionados a las autoridades de Nicaragua, como parte de la cooperación entre los espacios nacionales de procuración de justicia, con lo que se reitera el compromiso con la cooperación internacional como mecanismo eficaz para cerrar espacios a la impunidad.

Las diligencias realizadas, explicó la PGR, tienen fundamento en el Tratado de cooperación entre México y la República de Nicaragua sobre asistencia jurídica mutua en materia penal.

Los 18 mexicanos fueron detenidos en agosto pasado, cuando ingresaban desde Honduras a Nicaragua a bordo de seis unidades con logotipos de Televisa. La policía nicaragüense descubrió que en las unidades habían escondidos 9.2 millones de dólares y que había en ellas rastros de cocaína.

Los 18 mexicanos, que presuntamente estarían relacionados con cárteles de las drogas en México y que habrían utilizado las unidades como fachada para transportar dinero y drogas desde Centroamérica a México, serán sujetos a proceso penal por diversos delitos en Nicaragua, entre ellos delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero.

Ayer, en Nicaragua, el portavoz judicial, Roberto Larios, informó que fueron presentados en un juzgado de Managua la cual tres testigos que declararon con rostro oculto en el juicio contra los mexicanos.

Estas personas son integrantes de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ policía e investigación), y participarán como testigos de cargo en el juicio que se inicia el próximo viernes.