Dos juzgados en materia civil del estado de México emitieron criterios novedosos en favor de mujeres divorciadas, al conceder, en un caso, 50 por ciento de pensión alimentaria a una comerciante de 28 años de edad por los bienes obtenidos durante su matrimonio en el que procrearon cuatro hijos y, en otro caso, al otorgar a una integrante de la comunidad judía 25 por ciento de pensión por la misma circunstancia.

Los jueces mexiquenses cuarto y décimo segundo en materia civil consideraron que era procedente dar esos porcentajes de pensión a ambas mujeres, dado que el fruto de los bienes obtenidos en sus matrimonios derivó de la colaboración entre cónyuges.

Para el abogado especialista en derecho familiar Víctor Gamboa Rullán, estos criterios son novedosos y representan un triunfo para quienes han luchado por la equidad de género en México, pues ponen a la vanguardia a los jueces mexicanos, quienes han optado por garantizar la proporcionalidad de los bienes al repartir éstos de manera equitativa.

Los criterios jurídicos novedosos establecidos por los jueces mexiquenses derivan de dos casos emblemáticos de mujeres que habían sido víctimas de sus propios esposos, pues éstos no sólo se negaban a concederles una pensión alimentaria para ellas y sus hijos, sino que les fabricaron acusaciones penales que las llevaron una temporada a prisión.

Se trata de los casos de Elisa Mizrahi Ambe y de Liliana Ortiz Gómez, quienes hasta antes de estas sentencias no tenían casi nada en común.

Por ley tengo derecho a 50%, pero es un avance

La primera, integrante de la comunidad judía, vivía en un penthouse en la exclusiva zona de Interlomas, hasta que su esposo, el empresario Mayer Zaga Romano (dedicado a la industria textil y quien hace dos meses fue expulsado de la comunidad judía derivado de las múltiples quejas que ésta recibió de sus miembros) la acusó de abuso de confianza por haber chocado un automóvil Mercedes Benz de su propiedad.

Viví un infierno: primero soportar por años la violencia verbal y física de este señor; después permanecer algunas horas en prisión por un delito que no cometí y, finalmente, ser privada de la mitad del patrimonio que construimos él y yo durante más de una década de vivir juntos, contó Elisa a La Jornada el mismo día en que supo que el juez 12 de lo civil, con sede en Huixquilucan, Patricio Tiberio Sánchez Vertiz, le concedió 25 por ciento de pensión alimentaria.

No estoy conforme, la ley civil del estado de México dice que tengo derecho a 50 por ciento, pero es un avance; aún pelearé para que la Sala Superior Civil (en esa entidad) me dé la razón y se me otorgue lo que justamente me corresponde a mi y a mis hijos, añadió Mizrahi.

El otro caso es muy similar. Liliana ha vivido la mayor parte de su vida en una colonia popular en el municipio mexiquense de Valle de Chalco.

Estuvo presa en Santa Martha Acatitla, Distrito Federal, pues su concubino la acusó de haberle robado un reloj, valuado por peritos ministeriales en 850 pesos.

La acusada tuvo que vender el reloj para pagar leche y pañales de tres de sus hijos –de dos, cuatro y seis años de edad–, pues su pareja no le dejaba dinero.

Entre los dos invirtieron unos pesos para echar a andar un puesto de fritangas que él atiende. Con esta sentencia, su concubino estará obligado a entregarle cada mes 50 por ciento de las ganancias de ese comercio.