omo ocurre año tras año, decenas de miles de jóvenes quedaron excluidos de las instituciones públicas de educación superior, especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Como enfatizaron las autoridades de la primera, la exclusión no tiene que ver con el nivel académico de los afectados, sino con la imposibilidad de establecer más plazas para estudiantes en las diversas carreras impartidas en la máxima casa de estudios. El hecho es que sólo 13 por ciento de los aspirantes a la UNAM han conseguido ingresar o que sólo 20 mil de los 96 mil interesados en estudiar en el IPN han sido admitidos.

a emergencia de movimientos sociales en todo el país es la nota característica de la más variada gama de resistencias antineoliberales, desde la que expresaron recientemente las maestras y los maestros agrupados en la CNTE en los foros contra la mal llamada reforma educativa; la del SME, que logró una demanda en favor de los jubilados, las que se organizan para el rechazo indígena a las empresas eólicas y a las mineras en Oaxaca; el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), que no da tregua contra la construcción de La Parota; la que logró el pasado 5 de junio que no se autorizara la manifestación de impacto ambiental a la empresa Esperanza Silver, para impulsar un proyecto minero en el cerro El Jumil frente a Xochicalco, en Temixco, Morelos; las que mantienen los rarámuris de Choreáchi en defensa de sus bosques, o la de los cucapás contra el tope de curvina; los wirrárikas en defensa de sus lugares sagrados; los yaquis en defensa del agua; los choles en Tila, Chiapas, y los tzeltales en Bachajón en defensa de su territorio; la campaña nacional e internacional por la liberación del profesor Alberto Patishtán, injustamente preso en Chiapas desde hace 13 años, y la más reciente amenaza gubernamental en Guerrero con el anuncio de un decreto que crearía una policía rural en siete regiones contratando a 2 mil personas, lo que atenta contra el histórico proyecto de la policía comunitaria agrupado en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que se apresta a seguir en su defensa.

omandante Espartaco, ¿me puedo tomar una foto con usted que reprimió a mis compañeros maestros de Guerrero? –le preguntó un profesor chiapaneco democrático al policía José Luis Solís López, en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, el pasado 5 de julio.

a preservación de óvulos y su almacenamiento a bajas temperaturas tiene generalmente una justificación médica, pues estas células sexuales pueden ser empleadas por otras mujeres que presentan algunos tipos de infertilidad. Con los avances en las tecnologías de reproducción asistida, la donación de óvulos es una práctica que se ha extendido en muchos países. Ésta obedece a causas muy diversas entre las que, además de buscarse en algunos casos una retribución económica, puede destacarse el altruismo (La Jornada 9/7/13). Pero además, estas células pueden almacenarse para ser usadas posteriormente, no por una persona distinta, sino por la propia donadora.