os tardamos 16 años en despertar, pero al fin lo hicimos, dice un maestro de Campeche. Y vaya que lo hicieron. La protesta magisterial contra la reforma educativa en la entidad prendió como cerillazo en campo seco. En unos cuantos días más de 6 mil maestros incendiaron el estado.

Pero que los mentores campechanos dejaran de estar adormilados le supo a pesadilla al gobernador Fernando Ortega Bernés. El 11 de septiembre mandó a la policía preventiva y a la policía general judicial a dispersar con golpes y gases una concentración de profesores que clamaban: ¡Diálogo/diálogo! y ¡Somos docentes/no delincuentes!

Desde comienzos de septiembre, un poco más abajo, sobre el mismo Golfo de México pero en el estado de Veracruz, decenas de miles de maestros suspendieron labores, ocuparon plazas públicas, tomaron las instalaciones de la presa Yuribia y amenazaron con destituir a sus dirigentes sindicales. Porque la lucha contra la reforma educativa se ha transformado en ese estado y en muchos otros, en una movilización por depurar y recuperar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Una oradora en un mitin en la Plaza de la Soberanía, donde se juntan Boca del Río y Veracruz, lo advirtió: “No podemos tapar el sol con un dedo, nos vendieron (…). Tenemos que echar abajo la estructura charra” –dijo–, mientras los maestros coreaban ¡Fuera Callejas!, en referencia a Juan Nicolás Callejas Arroyo, el cacique sindical local durante los últimos 30 años

Los ánimos están exaltados. Apenas el pasado 21 de septiembre, en la ciudad de Córdoba, profesores pertenecientes al Movimiento Magisterial sorprendieron a sus dirigentes de la sección 32 del SNTE en una reunión en la que planeaban cómo romper el paro laboral. Los docentes se llevaron a los líderes a pasear con ellos por las principales calles de la ciudad, hasta llegar al parque 21 de Mayo, ocupado por sus compañeros. Aquí están los que nos vendieron con el PRI, denunciaron a lo largo del trayecto. Finalmente, los invitaron a firmar un documento en el que aceptan no tomar represalias contra los paristas y convocan a la suspensión indefinida de labores.

Encarrerados, este lunes los profesores del estado tomaron las oficinas de la sección 32 para destituir a Juan Nicolás Callejas.

Campeche, Veracruz, pero también Zacatecas, Baja California Sur, Jalisco o Aguascalientes (entre la casi totalidad de estados en el país), muestran que, lejos de desinflarse con el desalojo policial del campamento nacional del Zócalo, el movimiento magisterial se acerca a su novena ola. Centenares de miles de maestros protagonizan una verdadera insurgencia sindical, y se preparan para la resistencia y la desobediencia civil pacífica. Los más conscientes se disponen, además, a entrelazar su lucha con la de otros sectores en contra de la reforma energética.

Según la teoría de la novena ola, ésta suele ser la que culmina la tormenta, la más fuerte, la más alta, la más intensa de todas. La novena ola es el nombre del más celebre cuadro del pintor ruso Iván Aivazovsky, en el que representa el mar al culminar la tormenta de noche y a unos náufragos tratando de salvarse. Es, también, una novela de Ilyá Ehrenburg que trata sobre la lucha por la paz en plena guerra fría.

Para tratar de impedir la llegada de la novena ola magisterial, se ha promovido en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Jalisco, Veracruz y Tamaulipas (de manera verbal) la firma de minutas entre los maestros que rechazan la reforma educativa y los gobiernos de los estados (del Congreso local en el caso veracruzano), en las que las autoridades locales prometen respetar y conservar derechos y conquistas laborales de los profesores. Este acuerdo se ha aceitado con el soborno y cooptación de algunos líderes emergentes no provenientes de las filas del magisterio democrático.

Aunque cada acuerdo tiene particularidades, establecen en lo general el compromiso gubernamental de que, en el marco de la armonización de las leyes secundarias aprobadas con la legislación estatal de educación, las autoridades locales (o las legislaturas estatales) buscarán garantizar la estabilidad laboral, los pagos oportunos, la conservación de categorías, niveles salariales y prestaciones de los maestros. Declaran que la enseñanza no se privatizará y ofrecen mesas de trabajo para resolver demandas y conflictos añejos.

En sentido estricto, esas minutas son una tomadura de pelo. Ni atenúan los efectos nocivos de las leyes que lesionan los derechos de estabilidad y permanencia en el empleo ni, mucho menos, los eliminan. Tampoco anulan la norma que transfiere costos de la educación a los padres de familia y abre la puerta a la privatización. No pueden hacerlo. La jurisdicción de una ley estatal no puede estar por encima de una ley federal, de manera que sus promesas son falsas.

La firma de las minutas causó entre los maestros menos esclarecidos la ilusión de que sus autoridades locales los van a proteger. Si la reforma constitucional y las leyes secundarias rompieron el pacto entre el Estado y el magisterio, y crearon entre los profesores una sensación de orfandad, los acuerdos estatales devolvieron a algunos docentes la fantasía de una nueva tutela en la que el gobierno local cuidará que no pierdan sus derechos. Sin embargo, las protestas en esos estados se mantienen y, más pronto que tarde, quienes ven en esos acuerdos una tabla de salvación se encontrarán con que, en realidad, no defienden nada.

Además de continuar con sus protestas, los maestros se preparan para la lucha jurídica. Lo hacen en dos frentes distintos. Por un lado, entregarán cientos de miles de solicitudes de amparo contra las leyes secundarias. Por el otro, ante el despojo que la nueva legislación hace a los estados de sus facultades y competencias educativas, presionan a autoridades y legislaturas locales para que presenten demandas de controversia constitucional.

El movimiento magisterial emergente contra la reforma educativa es de largo aliento. Su estrategia de resistencia y desobediencia civil se extenderá por un periodo extenso. Se avecina ya su novena ola.

Twitter: @lhan55