uando se fundó Acción Nacional no faltó el panista bisoño que con gran ingenuidad afirmaba que habían elegido el celeste y el blanco como los colores del partido para honrar a la Inmaculada Concepción. Semejante explicación se justificaba no sólo por la participación de numerosos católicos en la nueva organización, era también una manera de aludir a la pureza de las intenciones de un proyecto que veía en la corrupción de funcionarios y políticos del partido en el poder uno de los principales males del país. Ese gravísimo pecado de los revolucionarios era un argumento en contra del pago de impuestos y, en términos generales, de la expansión de la autoridad del Estado. Desde su punto de vista esta política disfrazaba la promoción de intereses privados y nada tenía que ver con el bien común, que era el objetivo de Acción Nacional.
Así no fuera más que por estas razones –los porqués de la fundación del PAN–, el comportamiento de legisladores y funcionarios panistas en el tema vergonzoso de los moches –es decir, las comisiones que cobran los legisladores por votar presupuesto para obra pública, cuya realización los gobiernos locales favorecidos deben atribuir a las empresas que los mismos diputados les indican– es escandaloso e inaceptable. Están negando la cruz de su parroquia, al comportarse exactamente igual a como lo hacían antes los priístas por ellos tan despreciados, y de quienes ahora ya no hay nada que los distinga.
La corrupción de los panistas puede tener muchas explicaciones. Creo que una de las más poderosas es de actitud. Por principio sostenían que el sector privado era más honrado que el sector público; de ahí derivaban que los funcionarios privados eran impolutos, y deducían que, trasladados al sector público llegarían con un botellón de Maestro Limpio a echar fuera a las ratas. ¿Cuántas veces no oímos a Vicente Fox hacer esa promesa, fundada en la sencilla creencia de que todo lo estatal es malo? Sin embargo, nunca aplicó su amenaza, mucho menos cuando los hijos de su esposa se vieron involucrados en un escándalo de tráfico de influencias.
El problema de los panistas corruptos se planteó desde que un funcionario de la Presidencia, afiliado a ese partido, compró unas toallas de lujo y unos colchones que tenían un sobreprecio inexplicable. Es cierto que lo corrieron, pero en el episodio aparecieron elementos que apuntaban hacia la ignorancia o la falta de entendimiento de los panistas de la frontera entre lo público y lo privado, o de asuntos centrales para una administración pública honesta como es el concepto de conflicto de intereses, que estuvo, y está, ausente del léxico del panista del siglo XXI, que piensa que no comete ninguna irregularidad cuando desde el Congreso participa en el diseño de quitas financieras para las empresas de su papá.
Es conmovedora la respuesta del alcalde de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, de donde se filtró información a propósito de la práctica de los moches, cuando explica esa ratería con el argumento de que, aun cuando le dio su parte a los legisladores blanquiazules, pudo llevar a cabo la pavimentación que se necesitaba. En cambio, es indignante que siendo autoridad, Pérez Ordaz se niegue a aplicar la ley y se rehúse a denunciar al extorsionador ( Reforma, 14/1/14). Habría que explicarle que una función de los ayuntamientos es perseguir delitos, y que el cumplimiento de la ley no está a discusión. Grave mensaje envía el alcalde cuando se niega a denunciar a un extorsionador de recursos públicos que, además, es su correligionario.
Los panistas en el gobierno han adquirido muchos de los vicios que se atribuían a los priístas. Su comportamiento confirma por lo menos dos cosas: que la corrupción no es una característica privativa del PRI, y la creencia de muchos de que el poder sirve para abusar de él. Peor todavía, si miramos a nuestro alrededor veremos que los políticos corruptos son un problema recurrente en democracias ricas y pobres; hay diferencias de estilo y de dimensiones, pero tienen en común la confusión del interés privado y el interés público, así como las políticas privatizadoras de los años 90, uno de cuyos efectos fue abrir la puerta a los abusos de funcionarios que supieron beneficiarse personalmente de esos arreglos.
Si se trata de denunciar la corrupción, los panistas de ahora no pueden tirar la primera piedra. El tema será un factor de consideración en el proceso de elección de presidente del PAN nacional, que amenaza con convertirse en una pedriza generalizada.
