an fácil como reunir a las autoridades, firmar algunos acuerdos, llevar más y más policías y militares al lugar de los hechos, como se mandó al principio de la administración de Calderón; desarmar, a como dé lugar, a los que han buscado pacificar la zona y hacer que los medios de comunicación suenen para que Michoacán esté salvado.

Comentarios como éste y otros sobre el mismo tema eran inevitables en cualquier sitio de reunión en la ciudad de México. Si era tan sencillo, ¿por qué no se hizo antes?, se preguntaban algunos que no creían para nada eso de que Michoacán está salvado, y suponen que se busca otra vez, y nada más, solucionar, a como dé lugar, el resultado más lamentable de tres décadas de gobiernos anclados en la estrategia de la administración pública neoliberal.

Ya escuchamos del secretario de Gobernación la promesa renovada de que se atacará a los cárteles que tienen dominada buena parte del territorio michoacano, pero el hecho es que a quienes se desarma, es decir, a quienes se bloquea en sus acciones, es a los que buscan frenar la violencia del narcotráfico, a los habitantes de los diferentes pueblos de la Tierra Caliente de aquella entidad, los mismos que tuvieron que tomar el lugar de las autoridades ineficientes, que ahora, con una reunión frente a los medios de comunicación, solucionan el asunto, pero el narco, por lo pronto, sigue tan campante.

Entonces las autoridades federales, principalmente, prefieren reditar el capítulo de la guerra antes que aceptar que su quehacer político, ligado a la doctrina neoliberal, ha significado, además del empobrecimiento de nuevos grupos de población, el enfrentamiento entre los que poco tienen y los que todo han perdido, y algo quieren rescatar sin importar los medios para lograrlo.

En las pláticas que se escucharon en el DF hubo un tema que, junto con el de Michoacán, se imbricó. El gobierno de la ciudad anunció que se instalarán 7 mil nuevas cámaras de videovigilancia que servirán, obvio, para prevenir los hechos delincuenciales que pudieran darse en las calles o en ciertos conjuntos habitacionales, como es el caso, y que podrían marcar diferencias entre lo que se vive en el Distrito Federal y otras partes del país.

Y es que si se piensa que el caso Michoacán es sólo el asunto de ese estado, se puede caer en un error garrafal. En cuando menos 10 entidades del país los abusos de policías y delincuentes han hecho que los grupos de autodefensa se dupliquen, advierte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y sin duda es Guerrero donde están encendidos todos los focos rojos, porque su situación no es tan diferente de la que padece Michoacán.

Pero en fin, por ahora nadie puede asegurar qué va a pasar con la seguridad en todo el país, pero de lo que todos pueden estar seguros es que en breve el número de pobres aumentará, el desempleo seguirá galopando por sobre la economía y el paraíso de quienes siguen incrementando sus capitales habrá de mejorar. En esta ecuación, el resultado está garantizado.

De pasadita

Los datos que aseguran que la Comisión Federal de Electricidad es una de las principales, si no la principal, destructora de calles en el Distrito Federal, le importa un bledo a esa dependencia. Lo malo es que no existe ninguna forma de hacer que se paguen a los capitalinos los daños que causa la empresa de clase mundial por sus travesuras. Por lo pronto, el secretario de Obras del Distrito Federal, Alfredo Hernández García, ya levantó la voz para señalar que eso simplemente no es justo.

ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com