n grupo de historiadores y expertos en archivonomía y transparencia convocaron ayer a una conferencia de prensa para dar a conocer su posición crítica sobre la propuesta de Ley General de Archivos elaborada por los senadores Cristina Díaz (priísta), Laura Rojas (panista) y Zoé Robledo (perredista), y pidieron al Senado no aprobarla porque contiene elementos de regresión democrática y censura, abre la vía para una purga documental a discreción de los políticos, lo que podría constituir un atraco tanto o más grave que los cometidos en días recientes por gobernadores.

En su posicionamiento, Aurora Gómez Galvarriato, ex directora del Archivo General de la Nación (AGN); Andrés Lira, Lourdes Morales, Enrique Florescano, Ramón Aguilera, Mauricio Merino, Ana Cristina Ruelas y Haydee Pérez señalaron que, de llegar a aprobarse la ley referida en su actual redacción, los gobernantes podrían clausurar definitivamente documentos históricos o eliminar aquellos que resultan fundamentales para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Asimismo destacaron que el proyecto legalizaría una política archivística débil para la gestión documental y la memoria del país, violatoria de derechos fundamentales como el acceso a la información y a la verdad en casos de transgresiones graves a las garantías, y sumamente nociva para la consolidación efectiva de los sistemas nacionales de transparencia y combate a la corrupción.

Tales críticas son sólo las más recientes a que se ha hecho acreedora la iniciativa legal citada. El lunes pasado, en una audiencia senatorial, expertos, académicos y organizaciones civiles se manifestaron por modificar el proyecto legislativo porque pondría en manos de la Secretaría de Gobernación el control político de los documentos y la información.

Así lo advirtieron Mauricio Merino, presidente del Consejo Académico del AGN e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica; Lourdes Morales Canales, directora ejecutiva por la Red y Rendición de Cuentas; Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Histórica de la UNAM, y la ex directora del AGN Aurora Gómez. Descalificaciones similares recibió el proyecto de ley en el foro sobre gestión documental y transparencia que realizó la semana antepasada el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

Otros aspectos impugnados son la inclusión, en la actual Ley Federal de Archivos (la que se prepara en el Senado es una Ley General), del concepto de archivos históricos confidenciales, lo cual significa, en los hechos, la restricción de versiones públicas de los documentos clasificados de esa manera, bajo el argumento de protección de datos personales, y el artículo cuarto de la iniciativa de ley general de archivos, que obliga a que burócratas sin conocimientos en la materia revisen todos los documentos que se ubican en sus archivos históricos y posteriormente los destruyan o transfieran de vuelta a archivos de concentración, lo cual significa abrir la puerta al revisionismo histórico.

En suma, la iniciativa de ley de archivos elaborada por Díaz, Rojas y Robledo sería, de aprobarse en sus términos actuales, una amenaza permanente a la preservación de la verdad histórica y un instrumento de impunidad que permitiría a gobernantes inescrupulosos escamotear pruebas de actos ilícitos. La propuesta parece sacada de las prácticas de las más truculentas dictaduras –incluso de regímenes de ficción como el que se retrata en la novela 1984, de George Orwell– y no guarda correspondencia alguna con los anhelos de transparencia y rendición de cuentas de la sociedad mexicana contemporánea. Resulta imprescindible que la sociedad tome conciencia del grave riesgo que ese proyecto de ley entraña para sus derechos y libertades y presione para lograr en él modificaciones indispensables, empezando por la de quitar de manera definitiva el control de los archivos a los políticos y funcionarios y entregarlo a cuerpos colegiados de expertos y académicos acreditados. De otra manera, la verdad estará en un serio peligro.