nrique Peña Nieto (EPN) y su proyecto de guardaespaldas transexenal, Raúl Cervantes Andrade (RCA), deberían verse en el espejo de Veracruz. Con los mismos ánimos peñistas de blindaje político y judicial a través de cuates, Javier Duarte de Ochoa hizo modificar la Constitución local para pasar de la Procuraduría General de Justicia del Estado a una Fiscalía General del Estado (el abogado Juan José Llanes Gil del Ángel escribió al respecto: https://goo.gl/eSyZgt).

Un artículo transitorio (tal como hizo el propio EPN) establecía que quien tomara posesión de la PGJE pasaría a ocupar, en automático, la nueva fiscalía, con duración de nueve años. Así que Luis Ángel Bravo Contreras, quien había sustituido a Felipe Amadeo Flores Espinosa, fue el agraciado por el dedo de Duarte de Ochoa y, por tanto, de enero de 2015 a enero de 2024 se encargaría, entre otras cosas, de investigar las eventuales acusaciones criminales que se produjeran contra el mismo Duarte de Ochoa.

El hundimiento del duartismo veracruzano y la llegada de un nuevo gobernador, fuertemente confrontado con el ahora prófugo, arrastraron al fiscal general de presunta estancia transexenal protectora. Bravo Contreras ha anunciado que declina (no se sabe si mediante algún pacto secreto, que le garantice impunidad a este funcionario, largamente acusado de actos de corrupción, ineptitud y complicidades con infractores de la ley y de ser protector de cárteles criminales), y ante ello Miguel Ángel Yunes Linares se apresta a hacer que el Congreso veracruzano designe al fiscal propio (se habla de Jorge Winckler Ortiz), quien, en dado caso, investigaría las acusaciones existentes contra el citado Yunes (por corrupción, como parte de la muy larga cola del nuevo mandatario, más las que acumule en su minigubernatura).

Si Peña Nieto se viera en ese espejo jarocho se daría cuenta de que es contranatura su pretensión de imponer como fiscal transexenal a uno de sus cuates, Raúl Cervantes Andrade, miembro de una cofradía en Los Pinos (primo del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, y del titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Conade, Alfredo Castillo Cervantes). Al Orgullo de Atlacomulco y a su equipo central le esperan turbulencias políticas y judiciales apenas deje el poder, pues la acumulación de hechos bajo fundada sospecha delictiva es abundante. La presión que se producirá no podrá ser contenida por un cuate de Peña colocado en la fiscalía de nueve años.

Esa pretensión de colocar a un subordinado político (Raúl Cervantes Andrade) como titular de una fiscalía transexenal presuntamente autónoma, alejada de subordinaciones facciosas, ha generado diversas protestas ciudadanas. Ante ello, Peña Nieto ha enviado una iniciativa de reforma a la ley correspondiente para dejar sin efecto el artículo transitorio que establece el pase automático del titular de la feneciente PGR a la naciente Fiscalía General.

Pero ese gesto, civilizado en apariencia, podría encubrir una nueva treta, pues es versión generalizada que los senadores de PAN y PRD están comprometidos con el PRI para hacer fiscal a Cervantes Andrade, en automático o en diferido, en pago negociado por posiciones que a los dos primeros partidos, opositores, les fueron otorgadas en cuanto a magistrados del tribunal electoral (con todo y los fabulosos plazos laborales extendidos que también les fueron otorgados a esos juzgadores partidizados).

En realidad, lo que el país requiere es el nombramiento de un fiscal general de la nación que esté al margen de los sucios arreglos subterráneos entre partidos, un personaje de gran respetabilidad como jurista ajeno a las órdenes de las pandillas políticas en turno. Andrade Cervantes, abogado defensor de causas priístas, miembro de la directiva nacional del partido de tres colores, impulsado con delatora constancia por Peña Nieto para ocupar uno u otro cargo, no ofrece a México ninguna garantía de imparcialidad y respeto, sino todo lo contrario. Ése es el punto, más allá de la forma de su designación, en automático o a plazos.

No es un signo menor que la Secretaría de Gobernación esté rehabilitando, al darle un cargo público, al funcionario de más alto nivel en caer a causa de la fuga tunelera de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en julio de 2015. En aquella fecha Monte Alejandro Rubido García era titular de la Comisión Nacional de Seguridad, y la salida peliculesca del más famoso de los jefes del narcotráfico puso en ridículo a las instituciones mexicanas policiacas, de seguridad y de inteligencia, además de evidenciar necesarios entendimientos corruptos de parte de funcionarios y empleados de esos ámbitos. Ahora, Rubido García ha sido designado jefe de la Unidad de Gobierno de Bucareli. ¿Qué estarán premiando Osorio Chong y, en general, el gobierno de Peña Nieto?

Astillas

Miguel Alonso Reyes dejó el pasado 12 de septiembre la gubernatura de Zacatecas en manos de un priísta, Alejandro Tello Cristerna, a pesar del fuerte embate del monrealismo, que este año participó en nombre de Morena y con el senador David Monreal como abanderado. Ayer, Alonso Reyes fue designado director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en reconocimiento ¿a sus méritos electorales?... El antecesor de Alonso Reyes fue Héctor Gómez Barraza, subordinado del senador Emilio Gamboa Patrón, a quien pasaron del Fonatur a la secretaría de operación política del comité nacional priísta, presidido por el ex director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza… El rector de la UNAM, Enrique Graue, ha dicho que a 10 años de la guerra contra el narcotráfico esa estrategia no ha dado resultado, que el saldo no es bueno y que las consecuencias las hemos sufrido todos. No se sabe si Margarita Zavala incorporará a sus proclamas de campaña este crudo diagnóstico universitario… ¡Hasta mañana!

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