Tixtla, Gro., Los testimonios de Santiago Mazari, El Carrete, y Zenén Nava, El Chaparro, dirigentes del grupo delictivo de Los Rojos detenidos recientemente, son vitales para conocer la verdad del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014, afirmó Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Entrevistado antes de la Asamblea Nacional Popular (ANP), que se desarrolla en esa normal rural, en el municipio de Tixtla, reconoció que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, trabaja de forma muy intensa en la bús­queda, y con la detención de ­estas personas se espera que lo que informen pueda coadyuvar en la investigación del caso de la desaparición de los 43 estudiantes.

Hay expectativas, sobre todo porque estas dos personas controlaban territorios e información de las actividades delictivas, tanto en el norte de Iguala, como en el centro de la entidad; pueden dar algunas líneas, encontrar alguna pauta del paradero de los 43.

En cuanto a Mazari, primera persona que se detuvo, se busca tener una plática con él para saber qué puede aportar al caso; y en cuanto a Nava, destenido después, no se ha hecho nada, pero quizás haya nueva información para resolver el caso.

Del anuncio del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, sobre los millones de telefonemas ligados al caso, indicó que hasta ahora se sabe “que no hubo un cruce de llamadas importantes en Cocula, como se pensó al inicio.

“El mayor número de llamadas fue en el sur de Iguala, que es un dato importante. Las llamadas son de la policía municipal, de gente de Guerreros Unidos [grupo criminal], y de la Policía Federal.”

De aquí a septiembre, previó, la perspectiva es que al menos se finque responsabilidad a los policías municipales de Huitzuco, y a los policías federales, y terminar de deslindar el tema del Ejército Mexicano, que es muy ­importante.

En el caso del gobierno de Guerrero, precisó que está pendiente la desaparición de los videos en el palacio de justicia, pues no se ha resuelto, y pueden desentrañar muchas cosas, que se entreguen esos videos y, si no, se finquen responsabilidades a quien los destruyó, perdió o de plano los ocultó.