El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investiga 11 casos de acoso sexual por denuncias presentadas entre febrero de 2018 y marzo de este año, sin embargo, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación (PJF) no cuenta con un registro de denuncias y quejas en el que se detalle específicamente cuáles se encuentran relacionadas con acoso o violencia en razones de género.

Ex consejeros del CJF indicaron que durante septiembre y octubre de 2018 se acordó elaborar un estudio de la situación que priva en los juzgados y tribunales en cuanto a casos de acoso y hostigamiento sexual, o de abuso por parte de funcionarios públicos; sin embargo, en respuesta a otra petición de información realizada por este diario, el organismo respondió que no se encontró documento alguno en relación con el estudio requerido.

En respuesta a una solicitud de información pública realizada por La Jornada, se menciona que las normas que regulan las funciones de esta área no prevén como faltas administrativas específicamente el acoso sexual, abuso sexual, violación u hostigamiento sexual, por lo cual es imposible identificar las sanciones que fueron impuestas.

En el oficio CPJ/UCI/1119-2019 el CJF entregó un informe elaborado por la Dirección General de Substanciación, Responsabilidades, Registro y Evolución de Situación Patrimonial, en el cual se da cuenta de ocho casos en los cuales se denunciaron presuntos actos de abuso sexual, hostigamiento sexual y acoso.

En estos expedientes –dos de ellos iniciados en 2013–, se menciona que nueve hombres fueron denunciados, uno por haber cometido abuso sexual en contra de un menor de edad en las instalaciones de un Centro de Desarrollo Infantil, pero se concluyó con archivo. Falta de elementos para acreditar la conducta. Además, se archivó otro expediente por hostigamiento sexual.

Otro caso señala que dos hombres que laboraban en el PJF cometieron actos de abuso sexual y acoso. En el expediente se acreditaron las conductas por presentarse a laborar con aliento alcohólico, consumo de bebidas embriagantes en el centro de trabajo, por lo que no observaron buena conducta; el caso se resolvió con destitución e inhabilitación.

Los otros cinco casos se resolvieron con tres sanciones de inhabilitación y dos con destituciones del cargo.

Asimismo, se entregó un listado de asuntos relacionados con denuncias presentadas y que se encuentran en desahogo, los cuales abarcan de febrero de 2018 al pasado 28 de marzo.

En este documento se menciona que el caso más antiguo se originó en instalaciones del estado de Colima, y en él se denuncia a un hombre por enviar mensajes de texto, invitándola en reiteradas ocasiones a salir.

Otro caso ocurrió en Matamoros, Tamaulipas; un hombre fue acusado por una mujer de acoso sexual y laboral, con la realización de comentarios inapropiados. El tercer expediente se inició por hostigamiento, acoso laboral y sexual, en los que se realizaron actos lascivos (frotamiento de espalda) a una mujer en instalaciones del PJF en Acapulco, Guerrero.

En el documento hay dos expedientes (CPJF/CQ/321/2018 y CPJF/CQ/026/2018) que no tienen datos del lugar en que ocurrieron casos en los cuales uno de los funcionarios realizó insinuaciones, amenazas e insultos contra una servidora pública; mientras en el segundo el acusado de acoso sexual intentó besar en la boca a la denunciante.

Los otros expedientes se iniciaron por actos como acoso sexual y acoso laboral, en instalaciones del PJF en Ciudad Netzahualcóyotl y Naucalpan, estado de México; un caso en Matamoros, Tamaulipas, y dos en Xalapa, Veracruz.