En medio de la confrontación entre Morena y el bloque opositor, se instaló ayer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y, de entrada, formuló la declaratoria de validez de la reforma al artículo cuarto constitucional, que eleva a la Carta Magna los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La reforma –que garantiza la permanencia y el presupuesto, más allá de administraciones sexenales, de los programas de salud para quienes carecen de seguridad social, así como los apoyos a mayores de 68 años, indígenas, discapacitados y estudiantes que viven en pobreza– contó con el aval de 23 congresos estatales y con ello concluyó el proceso del constituyente.

La presidenta de la Comisión Permanente, la senadora Mónica Fernández, expidió la declaratoria de esa reforma y la turnó al Ejecutivo federal para su promulgación.

Aunque el principal punto de conflicto, que era convocar al periodo extraordinario de sesiones para analizar las modificaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se eliminó, de todas formas el bloque opositor y Morena se enfrascaron en una fuerte discusión, por lo que la Comisión Permanente se instaló con cuatro horas de retraso.

El motivo fue el reglamento de esa comisión, en el que Morena proponía la posibilidad de que las sesiones, que deben llevarse a cabo una vez a la semana, fueran a distancia. PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se opusieron. La senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu advirtió que no estaban de acuerdo con que se les impusieran disposiciones, ni abandonar su responsabilidad como legisladores.

Con las medidas de sanidad vamos a estar hoy y todos los días, recalcó. Al final, se aprobó el reglamento que abre la posibilidad de que la Comisión Permanente, que operará en el receso legislativo que va de mayo a agosto, pueda funcionar a distancia cuando no se requiera votar nombramientos o discutir temas relevantes.

La senadora Fernández citó a sesión para el próximo miércoles 16; todavía no se define si será presencial y si los 36 legisladores deberán asistir o legislar a distancia.