Madrid. En tensa reunión, en la que reafloraron sus diferencias, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y el secretario general del derechista Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acordaron ayer iniciar el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano rector de los jueces y fiscales congelado desde hace cinco años.

El encuentro se celebró en el Congreso de los Diputados, a petición del líder del PP, con lo que rompió la tradición de que este tipo de actos tenga como escenario el palacio de La Moncloa.

Sólo Núñez Feijóo habló con la prensa para explicar que llevó una serie de demandas a Sánchez, quien rechazó casi todas, con la excepción de dos: la renovación del CGPJ y la modificación del artículo 49 constitucional para eliminar la palabra disminuidos. Dicho apartado indica: Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a los que prestarán la atención especializada y los ampararán para el disfrute de los derechos que este título da a todos los ciudadanos.

El principal interés de ambos dirigentes era desbloquear la renovación, congelada los pasados cinco años por falta de acuerdo entre ambos partidos. Sánchez cedió si hay supervisión de la Comisión Europea, que ha reclamado desde hace años al Estado español una reforma del sistema judicial para garantizar la independencia y la despolitización.

El resto de las peticiones de-sechadas fueron: la paralización de la aprobación de la ley general de amnistía para los independentistas catalanes, que ya está en trámite parlamentario; no consumar el acuerdo legislativo con la izquierda separatista vasca de EH-Bildu para desalojar de la alcaldía de Pamplona al derechista Unión del Pueblo Navarro, y no crear las comisiones de investigación parlamentaria para ahondar en la presunta existencia de lawfare en la judicatura española.

Sobre la modificación del artículo 49 de la Constitución, los partidos acordaron presentar en la Cámara antes de fin de año una proposición de ley con el texto que ya tenían pactado y con el compromiso de no celebrar ningún referéndum constitucional que pretenda ampliar esta reforma.