Aunque la violencia obstétrica es experimentada por tres de cada 10 mujeres en el país, sólo ocho estados federativos la han incluido como delito en sus códigos penales, plantea el Grupo de Información en Reproducción Elegi-da (GIRE).

Se trata de Chiapas, estado de México, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Aguascalientes, el cual no utiliza explícitamente el término violencia obstétrica. No obstante, GIRE resalta que 29 entidades han incluido definiciones de violencia obstétrica en sus leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares refiere que de las 7.8 millones de mujeres mexicanas que tuvieron al menos un parto entre 2016 y 2021, 30.9 por ciento refirió haber sufrido maltrato durante la atención médica.

La agrupación destaca que este tipo de agresiones es un problema de carácter estructural en el sistema sanitario, que abarca desde deficiencias de infraestructura y equipamiento hasta las relaciones que el personal entabla con las usuarias de los servicios de salud.

Sostiene que es una forma específica de violencia contra las mujeres y personas gestantes; constituye una violación a los derechos humanos, y se genera tanto en los servicios de salud públicos como privados, y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del sistema de salud que cause daño durante el embarazo, parto y posparto.

El análisis Efectos inesperados, feminismos y apuestas penales en México, de las organizaciones Equis Justicia para las Mujeres, GIRE, Balance, Intersecta, Fondo Semillas y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, refiere que la violencia obsté-trica en México no es esporádica, sino que ocurre de manera sistemática.

En el capítulo sobre este tipo de agresión, Isabel Fulda y Verónica Esparza, de GIRE, precisan que la presión para aceptar anticoncepción o esterilización fue la segunda causa más recurrente en los reportes de violencia obstétrica, causa que en 2016 ocupaba el quinto lugar.

Detallan que este tipo de agresiones causan daño tanto sicológico como físico. En el primer caso son actos discriminatorios, uso de lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico durante la prestación de los servicios de salud, falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y el tra-to deshumanizado.

Las manifestaciones de violencia física pueden ser “prácticas invasivas como cesáreas realizadas sin justificación, esterilización no consentida o forzada, el suministro injustificado de medicamentos, retraso de la atención médica de urgencia o la falta de respeto a los tiempos de un parto.

Advierten que la muerte materna prevenible también es una manifestación de la serie de acciones y omisiones que constituyen violencia obstétrica y que tienen en ésta su expresión más grave.