Puebla, Pue., Las invasiones de predios que derivan en ventas de lotes irregulares o construcción de desarrollos inmobiliarios ya se cuentan por miles y van al alza, sobre todo en las regiones sur y norte del municipio de Puebla y su zona conurbada, señaló Héctor Hophann Torres, vicepresidente de la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario (Adagi).

En entrevista, destacó que la mayoría de esas operaciones fraudulentas no se hacen públicas, por lo que es difícil dar una cifra exacta de cuántas se han perpetrado; sin embargo, estimó que sumarían miles en todo el territorio de la capital del estado, pero sobre todo en los extremos norte y sur.

Expuso que un ejemplo de esta situación es la invasión del terreno de más de 12 hectáreas donde se ubica la ex fábrica La Covadonga, en el nor-te del municipio de Puebla y en los límites con el estado de Tlaxcala, la cual presuntamente fue cometida por la empresa Agua Inmaculada. Por lo pronto, ese predio ya se fraccionó en 450 lotes que se venden hasta en 300 mil pesos.

Héctor Hophann agregó que otros casos en la región conurbada de la capital de Puebla que implican a inmobiliarias poderosas han sido evidenciados por el mismo gobierno del estado. Con estos dichos aludió a Grupo Proyecta, empresa de la familia Posada Cueto, que ha adquirido a bajos precios, o despojado, terrenos en los municipios de San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan para construir los desarrollos inmobiliarios de Lomas de Angelópolis.

La mayoría de las operaciones fraudulentas no se hacen públicas. Hay desarrolladoras poderosas que han invadido muchos predios ejidales, que han despojado y esa es una mínima parte del problema. Eso no sólo está en el lado sur de la ciudad, sino en todas partes. Yo pensaría que ya son miles de casos. Es un problema que va a ir creciendo, apuntó.

En su calidad de vicepresidente de la Adagi, exigió a las autoridades municipales que encabeza el alcalde capitalino José Chedraui Budib evitar que esta situación continúe y afecte a miles de familias, que han adquirido terrenos o casas sin certeza jurídica.

En la zona norte las empresas o falsos inmobiliarios aprovechan la línea limítrofe entre Puebla y Tlaxcala, porque saben que esto genera un problema entre autoridades. Ha habido disputas entre ambos estados desde tiempos inmemoriales. En el sur aprovechan la zona de Valsequillo para realizar invasiones, ya que hay mucha necesidad de terrenos.

Indicó que la Adagi ha puesto en evidencia estos asuntos, pues si los problemas por invasiones no se resuelven a mediano plazo, crecerán, y no habrá certeza jurídica sobre la propiedad.

Por ello, Hophann Torres solicitó a las autoridades que nos ayuden a concretar la Ley Inmobiliaria. Evitar que haya seudoasesores inmobiliarios que van a ser parte de este engranaje que permite fraudes por todos lados. Tenemos que ir ordenando, para que haya certeza jurídica cuando vamos a comprar.

Por su parte, Carolina León Soriano, presidenta de la Adagi, subrayó que hay miles de asesores inmobiliarios que no tienen la capacitación suficiente, por lo que aconsejó a compradores pedirles que les muestren documentación antes de adquirir un predio con ellos.

“Agua Inmaculada orquestó toma de 12 hectáreas”

El pasado 2 de mayo, La Jornada de Oriente publicó que Jesús González Schmal, representante legal de la Fundación Julita y Antonio, señaló en conferencia a la empresa Agua Inmaculada de orquestar la invasión de ocho de las 12 hectáreas del predio donde se ubicaba la ex fábrica Covadonga, al norte de la ciudad de Puebla.

El abogado explicó que al principio se descartó la participación directa de dicha compañía, pero tras observar que la firma colocó bardas en zonas que no le correspondían, y anunció la propiedad del terreno con un letrero, concluyó que estuvo involucrada desde el inicio de la toma del terreno.

Estamos seguros de que esta empresa financió la invasión para apropiarse de una parte muy importante del predio, afirmó González Schmal. La Fundación Julita y Antonio asegura ser la legítima propietaria del terreno y ha interpuesto denuncias al respecto ante el Ministerio Público y la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana del ayuntamiento de Puebla.