Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) discutirán hoy en privado qué acciones tomarán respecto a las solicitudes que le envió el Legislativo para la cancelación de 26 candidaturas, pues la reforma judicial no detalla ni establece que el instituto pueda anular las postulaciones que recibió en febrero, debido a que la elección de aspirantes fue hecha y validada por los comités técnicos de evaluación, los cuales gozaban de autonomía.

De acuerdo con lo que se estipuló en la reforma aprobada el 15 de septiembre de 2024, no hay instrucciones ni antecedentes al respecto, porque la función del órgano electoral fue dar por recibidas las listas finales de los candidatos que le entregó el Senado el pasado 12 de febrero, de modo que el INE no avaló los registros de los candidatos, sino los listados como ya habían sido entregados y revisados para cada uno de los comités de evaluación.

Ante esta incertidumbre, fuentes del instituto comentaron a este diario que en la mesa de trabajo que hoy sostendrán los 11 consejeros abordarán esta petición que envió la Cámara de Diputados y el Senado, a fin de analizar qué procede, dado que se trata de un proceso electoral inédito.

De hecho, apenas la semana pasada el instituto puso en marcha un sitio de Internet para que ciudadanos y organizaciones civiles presenten quejas formales sobre candidaturas de las que considera que no cumplen los requisitos de idoneidad por ser deudores alimentarios o porque hay una sentencia firme en su contra o por ejercer violencia contra las mujeres.

En dicha página se puede descargar un formulario, donde deben exponer los hechos por los que denuncian una candidatura, además de ofrecer los datos completos de sentencias como número de expediente y juzgado que la emitió.

En el caso de las solicitudes que entregó el Legislativo al INE se señala que no cumplen con el requisito de buena reputación, pero en ningún apartado de la reforma existe qué procede en estos casos.

Senado autorizó listados

Por otro lado, de los 26 candidatos que piden bajar de la contienda electoral, 21 son postulados por el Poder Ejecutivo y cinco por el Legislativo, los cuales fueron avalados por los comités de evaluación y el Senado fue el que autorizó los listados.

Aunado a ello, la convocatoria que emitió el Poder Ejecutivo para los aspirantes a jueces, magistrados y ministros no estipula un promedio mínimo de 8 en la licenciatura como requisito para la idoneidad de los candidatos, de modo que la lista de los ocho aspirantes que pide cancelar podría incurrir en violaciones, ya que no estaba entre los criterios para su elección.