oco antes de empezar a retirar a sus fuerzas de la franja de Gaza, el régimen de Tel Aviv ordenó la total destrucción del hospital pediátrico Al-Rantizi, en lo que constituye la culminación de la devastación del sistema de salud en ese martirizado enclave. La semana pasada, la revista médica The Lancet publicó un análisis sobre lo que ha constituido, a lo largo de dos años, un “ataque deliberado contra la infraestructura y el personal sanitario” que se traduce en 772 ataques a la atención médica, mil 500 trabajadores de la salud asesinados y 94 por ciento de los hospitales dañados o destruidos. Todo ello, ante una población traumatizada y con cientos de miles de lisiados, desnutridos y lesionados en todas las maneras imaginables que requieren con urgencia de atención médica y hospitalaria en una infinidad de especialidades.
En este contexto, el bombardeo del hospital Al-Rantizi, rúbrica del genocidio que Israel ha venido perpetrando en Gaza, exhibe en toda su inhumanidad al régimen que encabeza Benjamin Netanyahu y obliga a preguntarse si la paz es una posibilidad real sin llamar a cuentas a los gobernantes israelíes por los crímenes de guerra que han venido cometiendo ante los ojos del mundo. El hecho es que, si Tel Aviv logra la impunidad para quienes planificaron, ordenaron, coordinaron y ejecutaron la inconmensurable e implacable destrucción humana y material en Gaza, ellos y sus sucesores podrán repetir acciones semejantes en el momento en que lo consideren oportuno o posible.
Peor aún, esta impunidad resulta inaceptable por cuanto cualquier otro Estado puede sentirse alentado a destruir a un grupo humano al que considere peligroso para su seguridad o, simplemente, como es el caso del régimen israelí, al que desee despojar de sus tierras y sus recursos.
Por ello, es indispensable que los procesos que Netanyahu y lo suyos enfrentan en la Corte Penal Internacional continúen su curso y que la comunidad internacional haga valer las sanciones que de ellos se desprendan. De no lograrse este objetivo, la legalidad y la justicia internacionales enfrentarían una disolución inevitable. Porque, así como el mundo no había atestiguado en mucho tiempo una tan abundante y extendida comisión de crímenes de guerra como los perpetrados por el régimen de Tel Aviv en Gaza, estos mismos hechos colocan a la comunidad de naciones ante una situación en la que la impartición de justicia resulta de evidente necesidad. Y en la medida en que el bombardeo y la destrucción del hospital Al-Rantizi constituye la cuenta más reciente –y ojalá que final– de una larguísima cadena de crímenes contra la humanidad, esta atrocidad debiera colocar a los gobiernos de todo el mundo ante la obligación de apoyar las acciones orientadas a sancionar el conjunto de atrocidades cometidas por los gobernantes israelíes en Gaza, empezando por la orden de arresto que pesa sobre el propio Netanyahu.
