Los pueblos mayas de Xcucul y Tebec, ubicados en la periferia de Mérida, Yucatán, denunciaron ante la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) diversas violaciones a las garantías básicas de sus habitantes, sobre todo el derecho a la vivienda, a la libre autodeterminación y a tener un medio ambiente sano, por parte de empresas mineras que operan a cielo abierto.

En un recorrido por la zona, Karen Hudlet, oficial nacional de la ONU-DH constató los daños a las viviendas provocados por las constantes detonaciones de las empresas mineras, informó el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal.

Al compartir su testimonio, habitantes manifestaron su descontento y preocupación, pues a 500 metros de una de las zonas de explotación se encuentra una escuela primaria, lo que pone en riesgo la seguridad de los niños.

La organización señaló que la actividad minera se intensificó con el megaproyecto del Tren Maya, no sólo por los durmientes para la vía férrea, sino por la extracción de material pétreo para las obras complementarias que incluyen los polos de desarrollo y, por tanto, asociados también al desarrollo inmobiliario y de otras vías de comunicación.

En el caso de Xcucul, recientemente se obtuvo la suspensión provisional contra la minera; sin embargo, se está estableciendo otra en el ejido de San José Tzal de la empresa Proser-agregados.

Ante esta situación, distintos pueblos mayas como Tebec, Hotzuc, Petecbiltun y Texan Cámara y San José Tzal reiteraron su rechazo a las empresas mineras, en una zona que “ya está inundada” de bancos de material pétreo.

En el caso de Tebec existen tres empresas identificadas por los pobladores –Mapsa, Procon Grupo Industrial y Materiales Ku–, las cuales, han generado distintas problemáticas en la comunidad: detonaciones diarias que han dañado viviendas y afectaciones a la salud con enfermedades respiratorias, irritaciones en ojos y nariz, y molestias derivadas del polvo calizo.

Por ello, los habitantes de los pueblos mayas y el centro Utsil Kuxtal exigieron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno de Yucatán que inspeccionen y clausuren las minas a cielo abierto que están ocasionando “daños irreversibles” al medio ambiente y a la salud de los pobladores.