Cerca de 800 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon desde el casco de Santo Tomás de esa casa de estudios para conmemorar el 39 aniversario de la represión estudiantil del 10 de junio de 1971, conocida como el halconazo, y demandar el cese de la represión contra los movimientos sociales. En tanto, el Comité 68 y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos realizaron un mitin en la Secretaría de Relaciones Exteriores exigiendo justicia contra los crímenes del pasado.

La marcha conmemorativa por los hechos del 10 de junio, encabezada por integrantes del Comité 68, dio inicio después de las 15 horas con un mitin frente a las instalaciones de Canal 11, del IPN. Ahí, los estudiantes politécnicos demandaron a la directora general, Yoloxóchitl Bustamante, garantizar las condiciones para un diálogo público sobre el futuro del instituto y reiteraron su rechazo a la aprobación de un nuevo reglamento general de estudios.

También exigieron el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, pues afirmaron que a casi 40 años de la represión del Estado contra el movimiento estudiantil, las causas que motivaron su lucha siguen vigentes, por lo que continuaremos demandando que se haga justicia y sanciones a los responsables de atentar contra estudiantes y profesores.

Los manifestantes, quienes recorrieron las avenidas San Cosme e Insurgentes, se sumaron a la movilización encabezada por los trabajadores electricistas a su paso por Paseo de la Reforma, tras reiterar su respaldo a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Durante el mitin en la cancillería, Raúl Álvarez Garin, del Comité 68, explicó a los transeúntes que pasaban por avenida Juárez: Estamos aquí hoy, y cada vez será más frecuente nuestra presencia en esta dependencia, porque a la cancillería le toca dar respuesta de si acepta o no las resoluciones de los organismos internacionales de derechos humanos.

El gobierno tiene muchos pendientes, abundó Álvarez Garin: queremos que nos informe qué avances tiene en el cumplimiento de las sentencias que recibió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida en Atoyac, Guerrero, en la década de los 70 .

Colocaron mamparas con carteles en los que se leía: Luis Echeverría, prófugo de la justicia... Por qué Luis Echeverría no ha sido condenado judicialmente por los crímenes del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, ni por los más de 500 desaparecidos.

Otros carteles cuestionaron: Por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantiza la impunidad de los represores del pasado y del presente.