Monterrey, 25 de julio.

Al concluir sus investigaciones sobre el caso del restaurante Máximo Bistrot –que le costó el cargo al ahora ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Humberto Benítez Treviño– la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que siete servidores recibieron sanciones consistentes en la destitución del cargo por un año y la suspensión del empleo por seis meses. Los funcionarios que recibieron las mayores sanciones como la destitución del cargo e inhabilitación temporal para desempeñar algún puesto por un año fueron el subprocurador de verificación, el director general de verificación y vigilancia, y el jefe de departamento de verificación de Normas Oficiales Mexicanas. El director de procedimientos y sanciones fue destituido de su puesto –en este caso la SFP no especificó alguna temporalidad– mientras tres inspectores de programas especiales, comisionados como verificadores, fueron suspendidos de sus empleos por medio año.

La Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH) consideró desproporcionadas las sanciones impuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra 15 hoteles de lujo en la ciudad de México y solicitó la aplicación correcta del ordenamiento legal. En un comunicado, la ANCH dijo que las sanciones son desproporcionadas con la falta cometida, llegando al extremo de suspender actividades ante faltas inexistentes, o bien ante incumplimientos menores subsanables de inmediato. Aseveró que las inspecciones muestran inconsistencias en la aplicación de los reglamentos y ordenamientos.