La Procuraduría General de la República (PGR) dejó en libertad provisional bajo fianza a todos los detenidos el pasado viernes tras el desalojo de maestros del Zócalo capitalino. El sábado quedaron libres 25 hombres acusados de motín; el domingo fueron liberados ocho que permanecían detenidos en la subdelegación de la PGR de Camarones, acusadas de resistencia de particulares, motín y portación de armas. Los 33 imputados dentro de la averiguación PGR/DDF/SZO/CMI/02/2013 seguirán su proceso en libertad debido a que no se les imputan delitos graves. El pasado domingo también fue liberado un estudiante de la UACM, cuyo paradero se desconoció la tarde del viernes. Con esto se confirma la liberación de 34 personas detenidas durante el operativo de recuperación del Zócalo, realizado por la Policía Federal. Según funcionarios de la PGR consultados, cuatro imputados son maestros de la sección 22 de Oaxaca, uno de los cuales tuvo lesiones graves provocadas por policías.

Con el fin de evaluar los daños causados por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu se reunió este lunes en Pachuca, Hidalgo, con el gobernador del estado, José Francisco Olvera Ruiz. En este contexto, anunció el respaldo del gobierno federal a los afectados en esa entidad por los fenómenos metereológicos. Por instrucción presidencial, Ruiz Massieu fue designada como el enlace entre el gobierno federal y el estatal para enfrentar la emergencia. Por este motivo, Ruiz Massieu dará seguimiento personal a las diversas acciones que se adopten para apoyar a los damnificados. La secretaria dijo que ya han comenzado los trabajos para ayudar a las comunidades afectadas e informó que se iniciaron acciones para posibilitar el tránsito por la red carretera del estado, particularmente en las carreteras federales México-Tampico, en su tramo Pachuca-Huejutla, donde se registraron 39 derrumbes, y en la carretera México-Laredo, en el tramo Pachuca-Chapulhuacán.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, por la deficiente investigación del homicidio de un menor, en la cual se documentó negligencia, duplicación de expedientes, una necropsia realizada con otro nombre, y dilación de más de dos años. Al menor se le encontró ahorcado en un terreno baldío el 14 de julio de 2011. Los padres interpusieron una denuncia y se inició la averiguación correspondiente; catorce días después, presentaron una queja contra servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, ante la deficiente integración del procedimiento penal, y el 23 de abril de 2012, solicitaron la intervención de la CNDH, que tras la investigación correspondiente encontró conductas violatorias a derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, trato digno, verdad, debida procuración y acceso a la justicia en agravio de los familiares de la víctima. En su recomendación, la CNDH solicitó al gobernador que se reparen los daños a los familiares de la víctima y se les dé atención, se integre adecuadamente la averiguación previa, subsanándose las irregularidades; también, que se capacite a los servidores públicos de la fiscalía estatal.