El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó al Instituto Nacional Electoral (INE) a divulgar todos los convenios y contratos que haya celebrado con las asociaciones denominadas Actitudes por México y Red de Gestores para el Desarrollo Cultural AC, entre 2016 y 2018.

Ixtepec, Oax. El sacerdote católico Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue Hermanos en el Camino, aseguró junto con las coordinadoras del refugio que al menos mil denuncias de migrantes centroamericanos están rezagadas en las diversas fiscalías de Oaxaca, sin que tengan acceso a la justicia. Solalinde Guerra y sus colaboradoras sostuvieron que desde 2016 el fiscal de Chahuites, Marcelino Benítez, cobra a migrantes 2 mil pesos por recibir sus acusaciones, en complicidad con agentes del Instituto Nacional de Migración, y les pide 200 pesos cada vez que requieren un documento relacionado con éstas. Solalinde exigió a las autoridades de Oaxaca, en especial al fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos, atender casos de impunidad, corrupción y opacidad contra los migrantes en las fiscalías regionales. No se hace investigación ocular, no hay personal; tampoco tienen vehículos y mucho menos gasolina, señaló.